Lanzarote En Pie solicita la dimisión de Sebastián Franquis Vera, consejero de Vivienda de Canarias

La organización política recuerda que entre siete y ocho familias son desahuciadas diariamente en Canarias, y pide una ley de expropiación temporal para alquileres sociales

La portavoz insular de Lanzarote En Pie (LEP), Leticia Padilla, ha anunciado que su formación política apoyará la demanda de la plataforma ciudadana “Acampada Reivindicativa por el Derecho a la Vivienda” que ha exigido la dimisión del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis Vera.

La petición se produce, según asegura, “ante la falta de respuesta de las administraciones públicas, en especial del Gobierno de Canarias y de su consejero responsable del área de Vivienda y del Instituto Canario de la Vivienda, a las reivindicaciones que vienen realizando para la aprobación de la ley de tanteo y retracto o la ley de expropiación temporal de vivienda a grandes tenedores, dos leyes ya aprobadas en otras comunidades autónomas que han redundado en beneficio del derecho a la vivienda de la ciudadanía”.

Padilla coincide con los impulsores de esta reivindicación en que son “conscientes de que un cambio de persona puede que no sirva para variar el rumbo de las nefastas políticas de vivienda de este gobierno” por lo que no descartan “acudir a otras instancias y explorar otras vías de presión”.

Asimismo, la portavoz de LEP ha anunciado que también respaldan “las doce medidas planteadas por la plataforma” que se resumen en seguir instando al Gobierno de Canarias a que habilite partidas económicas suficientes para que Visocan pueda comprar vivienda vacía para familias sin vivienda, “dado que es la única institución pública canaria que puede hacerlo”.

Además, piden al Ejecutivo autonómico que legisle, vía decreto, la aprobación urgente de una ley de expropiación temporal de vivienda a grandes tenedores para alquileres sociales y otra ley de tanteo y retracto para que la Administración pueda acceder con preferencia a la vivienda vacía que hay en el mercado, como ya están haciendo en otras comunidades autónomas del Estado Español.

Consideramos que “con estas tres medidas implantadas y operativas se mitigaría en parte la actual situación de emergencia habitacional que sufre Canarias y estaríamos avanzando hacia unas mayores cotas de justicia social”.

Las fuerzas sociales y políticas que apoyan la referida reivindicación lo hacen tras casi doscientos días de la plataforma “Acampada Reivindicativa por el Derecho a una Vivienda Digna” en las calles de Santa Cruz de Tenerife y “después de casi mil días de gobierno del actual Ejecutivo canario, sin que la realidad de la población que sigue perdiendo sus viviendas, cuya media oscila entre los siete u ocho desahucios diarios, haya cambiado un ápice”.

En este sentido, los impulsores de esta medida denuncian que “nada ha cambiado, como demuestra el hecho de que los fondos buitres sigan acaparando vivienda para especular, las mafias de la vivienda siguen traficando con casas del parque público, el alquiler vacacional sigue restando de la oferta de viviendas de larga temporada y los precios del alquiler en Canarias continúan batiendo récords, con los sueldos más bajos, el paro y la pobreza más altos y la cesta de la compra y en general todo –menos la gasolina y el tabaco- más caro”.

 

 

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