Piden la dimisión de Sebastián Franquis Vera, consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del “pacto de las flores”
Desde la Acampada Reivindicativa por el Derecho a una Vivienda Digna piden la dimisión o el cese del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda
Tras 175 días de Acampada Reivindicativa por el Derecho a una Vivienda Digna en las calles de Santa Cruz de Tenerife y casi 1.000 días de “gobierno de las flores” en Canarias, la realidad es que la gente se sigue yendo a la calle (con una media mantenida de 7-8 desahucios al día), los fondos buitres siguen acaparando vivienda para especular, las mafias de la vivienda siguen traficando con casas del parque público, el alquiler vacacional sigue restando sin parar viviendas de larga temporada y los precios del alquiler de vivienda en Canarias siguen batiendo récords, con los sueldos más bajos, el paro y la pobreza más altos y la cesta de la compra y en general todo –menos la gasolina y el tabaco- más caro.
Así las cosas, desde la Acampada Reivindicativa no hemos parado de elevar propuestas, pedir reuniones y presentar soluciones, e insistimos desde hace meses con una campaña que va ya por 8.000 firmas en la que pedimos que se apruebe la ley de tanteo y retracto o la ley de expropiación temporal de vivienda a grandes tenedores, dos leyes ya aprobadas en otras comunidades autónomas que benefician mucho a la ciudadanía en favor del derecho a la vivienda que nos están robando. Ante la falta de respuesta de las administraciones, y en especial del Gobierno de Canarias y de su consejero de Vivienda, no nos queda otra que pedir su dimisión o cese inmediato (por mucho menos fueron cesadas las consejeras de Educación y de Sanidad de este mismo gobierno), y que otra persona con mayor valentía y capacidad ocupe su puesto.
Somos conscientes de que un cambio de persona puede que no sirva para variar el rumbo de las nefastas políticas de vivienda de este gobierno, y es posible que tengamos que acudir a otras instancias y explorar otras vías de presión, pero de momento es lo mínimo que se puede pedir, que este señor consejero dimita o sea cesado.
Motivos para la dimisión o el cese del consejero de vivienda
- Con 150.000 viviendas vacías, no se ha adoptado ni una sola medida que ponga freno a la actividad acaparadora y especulativa de los fondos buitres en Canarias y tampoco se está apostando por negociar la compra de viviendas a grandes tenedores y promotoras habiendo tantas en el mercado.
- Negativa a aprobar la ley de tanteo y retracto o la ley de expropiación temporal de vivienda a grandes tenedores, leyes de las que ya disponen otras comunidades autónomas con mejor situación habitacional que Canarias.
- Negativa a aprobar leyes que graven fiscalmente o sancionen la vivienda vacía, como sucede en otros países.
- Negativa a poner freno al alquiler vacacional y legislar un nuevo reglamento que limite esta actividad (algo que ya es posible desde septiembre de 2020 tras Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea) que genera altos beneficios con muy pocos impuestos y que resta muchísima vivienda de larga temporada.
- Negativa a poner en marcha la policía de vivienda aprobada ya en la ley del año 2003, que permitiría poner freno a las mafias de la vivienda que trafican a sus anchas con el parque público de viviendas del ICAVI y de VISOCAN, un parque público sobre el que la Consejería de Vivienda no tiene el más mínimo control.
- Permitir e incluso fomentar una guerra interna entre el ICAVI y VISOCAN que no hace más que perjudicar a la ciudadanía, una guerra que se manifiesta cuando vemos la pobre respuesta a la crisis habitacional de La Palma y leemos al consejero delegado de VISOCAN decir que desde la Consejería se está frenando la compra de vivienda vacía.
- Por mantener el caos en el Instituto Canario de la Vivienda, según se desprende de la auditoría anual de Hacienda relativa al pasado año 2020, realmente escandalosa y rozando incluso lo delictivo, dónde el ICAVI no aporta apenas información contable y se evidencia que ni sabe las viviendas que tiene, ni tiene el más mínimo control sobre los gastos y demás partidas económicas de la entidad.
- Por no actuar en casos concretos (pudiendo incurrir en delito de prevaricación por omisión), como el de una familia de Añaza en Santa Cruz de Tenerife, que hoy se ve a punto de irse a la calle porque el ICAVI no recuperó una vivienda pública en su momento, o el caso de 11 familias de El Fraile en Arona, que pronto se van a ir también a la calle porque desde la Consejería de Vivienda no se ha denunciado al fondo buitre que intenta vender unas viviendas que están en régimen de VPO.
- Con un Plan Canarias Prohogar que no está aportando soluciones habitacionales frente a los desahucios en Canarias, cuando tenemos una media mantenida de 7-8 desahucios al día desde hace ya bastante tiempo, a pesar de la moratoria del gobierno central.
- Por mirar para otro lado frente a irregularidades denunciadas en la empresa pública VISOCAN.
- Por mantener chiringuitos que no valen para nada y además suponen un gasto extra a las arcas públicas, cómo es el caso de la Comisión de Vivienda, un órgano colegiado repleto de altos cargos y empresarios amigos que no aporta solución alguna y solo sirve para cobrar dietas.
- Y todo esto y mucho más, presentando como único proyecto un Plan de Vivienda 2020-2025 que tras dos años y medio de legislatura aún está en sus inicios, con el que pretenden construir hasta 6.000 viviendas que sabemos que no van a ser ni la mitad, que no es solución para las familias que ahora carecen de vivienda y que en cualquier caso no va a suponer más que mayor impacto ambiental, más pelotazos, más beneficios para empresas amigas y más superpoblación.
Acampada Reivindicativa por el Derecho a una Vivienda Digna