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SOMOS LANZAROTE considera urgente aprobar una RPT para acabar con la «arbitraria gestión de los recursos humanos» por parte del grupo de gobierno del Cabildo

La Interventora de la institución puso un reparo al abono de las nóminas del mes de abril al observar que hay complementos que se retribuyen inadecuadamente

«El dedo de los políticos está afectando negativamente al desarrollo laboral de los profesionales de la corporación»

Lanzarote, 5 de mayo de 2016.- La organización transformadora SOMOS LANZAROTE considera que se ha llegado a un límite en la desorganización y arbitrariedad con la que, desde el grupo de gobierno del Cabildo de Lanzarote, se realiza la gestión de los recursos humanos de la corporación, hasta el punto de que la intervención general de la institución ha tenido que formular un reparo de disconformidad al abono de las nóminas del mes de abril, tras lo cual se ha precisado de informes de la asesoría jurídica del Cabildo para levantar el reparo y poder abonar, unos días más tarde de lo habitual, el salario del personal.

A juicio de SOMOS LANZAROTE, esta situación, que supone un perjuicio para la institución, tiene su origen en el empeño de quienes gobiernan de no aprobar y poner en marcha una adecuada Valoración de Puestos de Trabajo (VPR) y RPT (Relación de Puestos de Trabajo) que, como indica el propio informe de reparo de Intervención «se adapten a las necesidades actuales de la corporación y dé una adecuada cobertura legal a la estructura de nóminas que vienen arrastrando».

Y es que, efectivamente, tras tomarse desde Intervención una muestra de varias nóminas del último mes, se han observado diferentes irregularidades, como complementos salariales a los que no se les asocia ningún concepto, complementos de productividad que no están vinculados a especiales rendimientos ni actividades extraordinarias (que justifiquen la productividad), así como conceptos retributivos no reglados. Todo ello fue lo que condujo a la titular de la Intervención, tras varias observaciones en anteriores meses por causas similares, a informar el mencionado reparo.

Acabar con «el dedo» político

A juicio de Somos Lanzarote, la única causa que puede explicar que el grupo de gobierno continúe sin aprobar y poner en marcha una RPT es que, con ella, se pondría coto a la potestad que se han tomado los políticos en el gobierno para designar cargos a conveniencia, sin que se establezcan previamente, mediante dicho documento, unos criterios objetivos sobre qué requisitos se deben reunir para estar al frente de determinados puestos.

Además, la RPT haría que la estructura salarial de los trabajadores se simplifique y sistematice,  de acuerdo a unos parámetros objetivos. En cambio, desde el grupo de gobierno parecen seguir empeñados en que los cargos y funciones sigan asignándose «a dedo», lo mismo que los complementos salariales, cayendo en situaciones injustas que enrarecen el clima de trabajo que tienen encomendados los empleados de la institución.

«La mayoría de los trabajadores de este cabildo quieren trabajar sabiendo cómo se organiza la institución y que, a tales funciones, les corresponden tales salarios, sin que tenga que mediar la arbitrariedad del político de turno para ir otorgando complementos a su antojo», señala Tomás López, consejero y portavoz de SOMOS LANZAROTE en el Cabildo.

Precisamente, la aprobación de una RPT es una demanda generalizada por parte de los trabajadores, en pro de este buen funcionamiento de la institución, su mejor organización, el establecimiento de las vías de mejora profesional y promoción interna, así como para evitar el intervencionismo político, el favoritismo o, en algunos casos, el ostracismo al que por criterios políticos se viene condenando a algunos trabajadores.

Una demanda, por otra parte, que ha sido aprobada en pleno, y en torno a la cual el propio Cabildo ha desembolsado cientos de miles de euros en los últimos 15 años, en la contratación de estudios externos para su elaboración. Y que, tras los informes contrarios por parte de la Intervención urge poner en marcha, a pesar de que el grupo de gobierno prefiera seguir estableciendo retribuciones específicas «a dedo», como se hizo recientemente, mediante un consejo de gobierno celebrado el pasado 11 de enero.

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