ÚLTIMA HORA sobre la trabajadora del albergue despedida por llevarse dos panes y unas lonchas de queso: no hubo conciliación, el ayuntamiento la abandona a su suerte

Tal como estaba anunciado, hoy se celebró vista de conciliación en la sede del Semac, en Santa Cruz de Tenerife, entre la empresa Serunión y la vecina de Santa Cruz de Tenerife a la que despidieron del albergue municipal por llevarse dos panes y unas lonchas de queso. Y tal como estaba también anunciado, no hubo avenencias, de forma que todo queda pendiente de lo que diga el juez cuando corresponda. Si el juez falla a favor de la empresa el asunto termina ahí, si da la razón a la trabajadora la empresa se reserva la opción de readmitirla o de indemnizarla, y las empresas en España, gracias a la reforma laboral del PP, casi siempre optan por la indemnización porque les sale muy barato.

Hasta aquí el relato de la parte que toca a la empresa, pero hay más historia, la que compete al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que aparece como convidado de piedra en este asunto pero nosotros creemos que puede y debe ser mucho más. Para empezar, nadie, nadie del Ayuntamiento, ni del grupo de gobierno ni de la oposición, ni un técnico, ni un abogado, ni una simple llamada. Yurena estaba sola, con el único apoyo del abogado que le ha buscado Ana Mendoza (Asociación Viera y Clavijo), y la presencia de la misma Ana Mendoza y el portavoz de la Plataforma por la Dignidad. Sorprende este abandono cuando en la reunión del pasado día 5 de mayo con el concejal de Asuntos Sociales y otros miembros del Consistorio con plataformas sociales, el propio concejal se comprometió a poner los Servicios Jurídicos a disposición de Yurena la trabajadora, y además estaba el concejal avisado de que el acto era hoy. Así las cosas, desde el mismo Semac llamamos por teléfono al señor concejal Oscar García (PP) para ver por qué se habían ausentado. La respuesta del concejal fue decirnos que harían la gestión con los Servicios Jurídicos, que aún no habían hecho desde el día 5, pero que más allá de eso y de ofrecerle alguna ayuda social no podían hacer nada desde los Servicios Sociales, pues los Servicios Jurídicos, según Oscar García, dependen de Alcaldía.

Con esa respuesta nos vamos a Alcaldía a hablar con el Alcalde o con los Servicios Jurídicos, y finalmente nos recibe el jefe temporal de los Servicios Jurídicos, para decirnos que el Ayuntamiento no puede hacer nada ni meterse en nada de lo que la empresa haga con sus trabajadores, pues así está estipulado en el pliego de condiciones del contrato. Basta con que tenga sus seguros y cuestiones legales al día, del resto, da igual como trate la empresa a sus trabajadores, no es cosa que competa al Ayuntamiento. El jefe de los Servicios Jurídicos nos asegura además que así están redactados la mayoría de contratos públicos del ayuntamiento y de otros muchos ayuntamientos de España.

En este punto insistimos a los Servicios Jurídicos en que el asunto trasciende el ámbito laboral, desde el momento en que la empresa emite un comunicado público a la prensa donde pone el nombre y los apellidos de la trabajadora y la acusa de una conducta inapropiada continuada durante años que justifica su despido disciplinario, pero no lo prueba en ningún momento. Y también en este ámbito el Ayuntamiento nada puede hacer, según el jefe de los Servicios Jurídicos.

En resumidas cuentas, el Ayuntamiento paga a una empresa por un servicio pero está vendida a lo que esta empresa haga con sus trabajadores.

Lejos quedan las palabras del señor Alcalde meses atrás, y de otros miembros de la oposición, cuando este asunto saltó a los medios, y se manifestaban tajantes del lado de la trabajadora. Esto se podía leer en un periódico local el día 1 de abril:

Estos hechos han llevado al alcalde de la ciudad, el nacionalista José Manuel Bermúdez, y al concejal de Asuntos Sociales, Óscar García (PP), a reclamar a Serunion la readmisión inmediata de la trabajadora por considerar la situación «inadmisible».

También el portavoz municipal del PSOE, José Ángel Martín, ha calificado los hechos de «gran injusticia» y un castigo «desproporcionado y perjudicial», pues empeora aún más la situación personal «de alguien que no lo está pasando bien».

A su vez Izquierda Unida ha reclamado su readmisión y rechaza frontalmente «el tono y los modos» utilizados en la carta de despido de la mujer, que además vive «en una grave situación de exclusión social».

Claro, todo esto era a golpe de titular, cuando el asunto estaba en los medios, ahora, cuando ya no es tanta noticia, sus señorías los concejales siguen con sus cómodas vidas de políticos de clase. Y Yurena, pobrecita, que se busque la vida.

Pues no, nosotros no nos olvidamos de la gente cuando el asunto ya no está de moda. Vamos a pedir ver ese pliego de condiciones del contrato, que esperamos que nos faciliten en el Ayuntamiento, porque estamos seguros de que el derecho guarda una vía o dos para ir contra la empresa desde el Ayuntamiento. Y si no las hay en derecho, las hay políticas, el Alcalde puede volver a salir, si quisiera así lo haría, en defensa pública de esta vecina de Santa Cruz. Y si no hay vías políticas ni contractuales pediremos que en adelante se incluyan por defecto en todos los contratos públicos de nuestras administraciones un código de buenas prácticas laborales, y lo llevaremos a los Plenos de nuestras Administraciones, y entonces tendrán que retratarse, tendrán que decir de parte de quién están, entonces comprobaremos si están de parte de las empresas o de parte de los ciudadanos.

Es todo de momento, un 12 de mayo, desde la Plataforma por la Dignidad.