Un paraíso de prevaricación 

El Estado de Derecho democrático consiste en esencia en que las principales decisiones políticas las toma en forma de Leyes una asamblea representativa de la ciudadanía y el Gobierno y la Administración actúan con pleno sometimiento a esas Leyes (principio de legalidad). Y la legalidad de su actuación queda bajo el control de jueces independientes.

El control judicial no se pone en marcha de oficio, es decir por iniciativa de los propios jueces; sino que depende, por lo general, de la interposición de un recurso por parte de los ciudadanos contra los actos y normas dictados por el poder Ejecutivo y la Administración.

En España, y en otros países europeos, la Administración goza de una posición prepotente  frente a los ciudadanos: se presume que sus actos son legales y, en consecuencia, ejecutivos. De forma que, mientras se examina por los Tribunales si una resolución administrativa es legal o no, la Administración la está ejecutando. Los gobernantes defienden con uñas y dientes su decisión, hasta agotar todas las instancias judiciales. Y lo hacen con los Servicios Jurídicos o con abogados de postín  que pagamos todos. Como pagamos las costas judiciales causadas por la defensa hasta de lo indefendible.

Por eso se han ido estableciendo controles previos de legalidad, a cargo de órganos de la propia Administración. Los funcionarios que llevan a cabo ese control deben tener un estatuto de independencia, de modo que su selección, estabilidad, régimen retributivo y sancionatorio  no esté en manos de los cargos políticos cuya actuación deben controlar. Y buena parte de los cargos políticos, en un país de tradiciones tan autoritarias como el nuestro, se las arreglan como pueden para debilitar la independencia de secretarios e interventores.

El control previo de la legalidad de la contratación pública es primordial. Están en juego una multiplicidad de intereses públicos y de derechos de los particulares. Buena parte del buen manejo del dinero de los contribuyentes depende de que en la adjudicación de los contratos públicos se respeten los principios de publicidad, concurrencia y selección de la mejor oferta.

Un par de camadas de personajes de Coalición Canaria, armados de ignorancia y adicción al poder y al ventajismo político, han instaurado en La Laguna un paraíso de ilegalidad en materia de contratación pública, una zona franca donde está derogadas de facto las normas y principios de la Ley de Contratos del Sector Público.

118 Decretos, dictados en 5 años en contra de los informes preceptivos de la Intervención advirtiendo de la ilegalidad de las decisiones que se iban a tomar y se tomaron, son muchos Decretos.

Han manejado a su antojo más de 46 millones de euros, saltándose todos procedimientos de selección obligatorios y los concursos previstos legalmente para garantizar que la empresa ganadora es la que mejor oferta ha presentado en términos de cantidad-calidad-precios de los servicios a contratar.

Son 46.965.515,74 euros de los contribuyentes laguneros, juntados euro a euro con un esfuerzo fiscal muy superior al de la media de los municipios canarios, como nos revela machaconamente cada año la Auditoría oficial del Fondo Canario de Financiación Municipal.

Y no se trata de “prórrogas”, no. Dejémonos de eufemismos: son meras contrataciones a dedo, “autorizaciones para la continuidad de la gestión del servicio” concedidas unas detrás de otras a empresas, siempre las mismas, que un día remoto resultaron adjudicatarias de contratos que están extinguidos desde hace mucho tiempo. Ni se puede prorrogar lo que ya no existe, ni resucitar lo que ha muerto jurídicamente.

En mi opinión, ese estado de cosas es constitutivo de prevaricación. No continuada, sino infinita.

La experiencia enseña que ese modus operandi no se produce espontáneamente, ni es gratuito. En la penumbra de la trastienda puede y suele haber todo un submundo de contrapartidas a modo de enchufes de personas recomendadas -más clientelas electorales-, financiación electoral y hasta de comisiones.

La convocatoria de los concursos no presenta especial complejidad técnica ni jurídica, ya que lo que se va a contratar no es ni el diseño, ni la construcción, ni el lanzamiento de un satélite espacial, sino la gestión de servicios municipales de limpieza, mantenimiento de jardines, atención domiciliaria, control del absentismo escolar, comedores escolares, animación de los centros ciudadanos y un largo etcétera por el estilo.

Y no  pueden utilizar como coartada ni la urgencia ni la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios. Porque esas excusas valen para una vez, pero no para justificar un estado permanente de ilegalidad. Y no pueden repetirlas -como una letanía- quienes debieron convocar los concursos y, por negligencia, incompetencia o intencionadamente, no lo hicieron.

Y, pa´más inri, la propaganda oficialista -que también pagamos todos- presume de Ayuntamiento trasparente.

Quienes, en una sociedad democrática, ejercemos la función de control político de los gobernantes tenemos la obligación de denunciar esta situación. Primero ante en Pleno, que representa a la ciudadanía lagunera. Y así lo venimos haciendo desde principios de legislatura. Y cuando se nos responde con más y peor de lo mismo, ante los Tribunales. Cumplimos así no sólo un deber político, sino legal. Nos lo impone el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

De lo contrario seríamos meros cómplices del andamiaje de poder de Coalición Canaria. Que a muchos demócratas nos produce náuseas.

Santiago Pérez




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