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Absuelta una activista de la acampada Stop Cuna del Alma acusada de lesiones

Uno de los dos procesos celebrado fue suspendido por un fallo técnico a la hora de reproducir un vídeo de las pruebas de la defensa

El juzgado número 3 de Arona acogió ayer, 20 de junio, dos juicios por delitos leves, en los que dos integrantes de la acampada Stop Cuna del Alma acudían como denunciantes y denunciadas por lesiones. Una de las causas fue suspendida debido a que una de las pruebas principales no se pudo visualizar correctamente, mientras que, en la otra, la activista fue absuelta.

Ambos hechos se remontan a dos de los episodios violentos sufridos por las personas acampadas, el pasado verano, durante las acciones de protesta pacífica que tuvieron lugar en el Puertito de Adeje, en ambos casos para evitar la destrucción de ejemplares de flora protegida, debido a la construcción del macroproyecto urbanístico Cuna del Alma, de 420 viviendas de lujo.

En el primero de los procesos celebrados, y que fue suspendido porque no se pudo visualizar una de las pruebas presentadas por la defensa, la letrada explica que éste era un vídeo clave ya que “en él se aprecia cómo la activista es agredida y cómo ella actúa en defensa propia”.

Según explica la abogada, en el segundo de los procesos, en el que ambas partes se acusaban de supuesta agresión, la activista resultó absuelta, debido a que la parte denunciante retiró la denuncia. Los testigos aseguran que estaban presentes cuando el denunciado dijo que iba a autolesionarse para provocar la denuncia. En los vídeos que la activista presentó no se observa que exista esa lesión. No obstante, tanto la activista como el trabajador de la empresa de seguridad accedieron a retirar la denuncia para no perjudicarse entre sí.

Estas dos causas son claramente un ejemplo de cómo los propietarios y ejecutores del proyecto han venido permitiendo que las acciones de la protesta se diluyan en las diferencias y conflictos surgidos entre activistas y trabajadores, a quienes la Acampada en ningún caso ha tenido nunca la intención de perjudicar.

Las obras, que se encuentran en la actualidad detenidas, se han visto afectadas por la existencia de tres órdenes de paralización cautelares distintas por motivos medioambientales y patrimoniales.

Asimismo, al proyecto se le han abierto dos expedientes sancionadores: uno, por atentados contra el patrimonio arqueológico (hasta 600.000 euros) por parte de la Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias y, otro, por carecer del preceptivo documento de Evaluación de Impacto Ambiental (hasta 110.000 euros) por parte de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural. La Consejería de Transición Ecológica ha puesto de manifiesto la ausencia de dicha evaluación, requisito imprescindible según ha manifestado la propia Comisión Europea para un proyecto de estas características.

 

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