“Clavijo mintió en su comparecencia pifiada para curarse en salud”

“Si la decisión de prorrogar no fuera ilegal ni indiciariamente delictiva, ¿por qué está imputado Pérez-Godiño que lo único que hizo fue firmar la prórroga de la concesión?”

“La Intervención se opuso al préstamo no sólo porque no tuviera fecha de devolución ni garantías como Clavijo ha dado a entender; sino diciendo que era contrario a derecho porque no existe una norma de rango legal que autorice al Ayuntamiento”

“Lo que da sentido a la actuación de Clavijo es el tráfico de influencias. Hizo lo que hizo al margen de la ley, y dejó de hacer lo que tenía que haber hecho por su relación con los dueños de la empresa, sus amigos, a los que recomendó meterse en un negocio bonito”

Santiago Pérez, concejal de La Laguna, señaló hoy en rueda de prensa que Fernando Clavijo, presidente del Gobierno y ex alcalde del municipio, “mintió ante el Parlamento de Canarias en su comparecencia pifiada, intentando curarse en salud antes de su previsible imputación, porque ya estaría imputado si no estuviera aforado, una anticualla propia de una sociedad de estamentos con leyes propias para cada uno”.

Pérez dijo que Clavijo mintió una vez más al referirse a los informes de los funcionarios a los que se encargó gestionar el servicio de grúas, una medida excepcional dada la alarmante situación de la empresa. Una intervención que sirvió para poner el poder del Ayuntamiento al servicio de los empresarios, que hipotecaron sus viviendas sin conocer la situación económica de Autogrúas Poli porque tenían una red de seguridad: el propio Clavijo y José Alberto Díaz, actual alcalde.

El portavoz de XTF-NC añade que “los funcionarios nunca dijeron que había que dar un préstamo a la empresa, lo negaron en el Juzgado, lo que dijeron es que había que declarar la caducidad de la concesión por gravísimos incumplimientos”. 

Así es que la prórroga de la concesión, que debió ser caducada por el Ayuntamiento, es otro de los actos por lo que se está investigando a Clavijo a pesar de que lo obviara: “El dictamen de los catedráticos ni se refiere a este tema. La prórroga ilegal de una concesión que terminaba, en contra del informe de Intervención, levantando los reparos. Una decisión que ha determinado que imputen a Pérez-Godiño. Si la decisión de prorrogar no es ilegal ni indiciariamente delictiva, ¿por qué está imputado Pérez-Godiño que lo único que hizo fue firmar la prórroga de la concesión?”.

Santiago Pérez considera que “Clavijo demostró ayer que su repertorio de excusas se ha agotado. Ha intentado concentrar todo este caso en la concesión de un préstamo ilegal, ocultando buena parte de las actuaciones que están siendo investigadas y por las que ya estaría imputado como José Alberto Díaz y Antonio Pérez-Godiño si no disfrutara de la privilegiada y antiquísima situación del aforamiento”.

Lo acusó de manipular el informe de los expertos “porque como dijo en el Juzgado el catedrático de Derecho Financiero, Francisco Clavijo, a él le pidieron un dictamen sobre un supuesto teórico. Y le ocultaron tanto a él, como al Pleno y a la Junta de Gobierno, los datos reales de la situación de la empresa, que estaban perfectamente consignados en el informe crucial de toda esta historia: el del 8 de abril de 2014 de los funcionarios encargados de gestionar el servicio cuando se intervino la empresa”.

En ese informe, los funcionarios “dejaron claro que la empresa estaba en situación de insolvencia, lo que la imposibilitaba a continuar prestando el servicio y la obligaba a solicitar concurso de acreedores; que la empresa había incumplido tan gravemente sus compromisos que tenía que ser sancionada mediante la declaración de caducidad de la concesión. Pero de este informe sólo tuvimos conocimiento dos años después, cuando por fin se puso en marcha la comisión de investigación”.

Santiago Pérez comentó también que la Intervención se opuso al préstamo no sólo porque no tuviera fecha de devolución ni garantías como Clavijo ha dado a entender al Parlamento; sino diciendo que “la concesión del préstamo es contraria a derecho porque tiene que existir una norma de rango legal que autorice al Ayuntamiento, y no existe. Por eso dice el informe Interventor, y ha subrayado la jueza, que el préstamo se concedió sin cobertura legal”.

Y lo desmintió cuando dice también que la garantía, que la Intervención rechaza, era la fianza que en su día presentó la empresa para hacerse cargo del servicio (182.000 euros): “Si pasara a responder de un préstamo de 120.000 euros con esa fianza, ¿con qué iba a responder de otras obligaciones derivadas de la gestión del servicio? La fianza, dice el Interventor, se exige al concesionario para responder de las obligaciones de la gestión normal del servicio, no para un supuesto excepcional y además ilegal que fue el préstamo”.

En relación con el acta exhibida por Clavijo sobre el Pleno celebrado en 2004, cuando el Ayuntamiento acordó la gestión indirecta del servicio de grúas, dijo que ese acuerdo no tenía ningún reparo de legalidad. “Pero los hechos que estamos estudiando no empiezan en 2004, a donde se ha querido remontar un acorralado Clavijo aprovechándose del desconocimiento que los diputados. Las fechorías de Clavijo y José Alberto Díaz empezaron en 2011, cuando aprovechándose de su condición de alcalde forzó a José Padilla, el legítimo concesionario de aquel servicio, a vender a sus amigos a los que había logrado antes enchufar bajo presión”.

Santiago Pérez apuntó que a los funcionarios que Clavijo dice defender “los han manipulado, los han humillado y los han maltratado en todo este proceso. Están intentado descargar en ellos las responsabilidades que son exclusivas de los gobernantes”.

“Tan fueron manipulados –añade– los informes de los funcionarios encargados de la gestión temporal del servicio por Rosario Hernández Eugenio, directora del área de Seguridad, y José Alberto Díaz, entonces responsable del área, que hemos presentado contra ellos una ampliación de denuncia por falsedad en documento público”.

Pérez dijo comparecer en “un día señalado porque estamos presenciando la dimisión de una ministra del Gobierno de España sin que haya siquiera presentada contra ella denuncia alguna, y resulta que estamos en un Ayuntamiento cuyo alcalde está requeteimputado y no pasa nada. Aunque lo más sorprendente es que continúe siendo alcalde por el apoyo de un par de personas del PSOE, muy fundamentalmente del secretario general de la Agrupación Local”.

Y señaló finalmente que “lo que le da sentido a todo lo que hizo Clavijo es el tráfico de influencias. Hizo lo que hizo al margen de la ley, y dejó de hacer lo que tendría que haber hecho, por su relación con los dueños de la empresa, sus amigos, a los que recomendó meterse en un negocio bonito”.