El colectivo Imastanen denuncia la “impunidad” urbanística en Arona: “las obras ilegales en suelo rústico ya denunciadas en marzo prosiguen ante la inoperancia institucional”

El colectivo ya alertó a las autoridades de la “destrucción del entorno” en marzo de este año, pero la administración se escuda en la existencia de un «expediente abierto» mientras los infractores continúan edificando sin permisos

Desde el colectivo Imastanen vuelven a alzar la voz para denunciar públicamente el “flagrante atropello” que se está cometiendo en el municipio de Arona. Tras la anterior denuncia pública, en la que expusieron detalladamente el inicio de unas obras “completamente ilegales” en la zona de Los Ancones, el colectivo “lamenta constatar” que “la destrucción no solo no se ha detenido, sino que ha avanzado a un ritmo alarmante ante la pasividad de las instituciones competentes”.

En su momento, desde Imastanen pusieron en conocimiento de las autoridades la “gravedad” de estos hechos: “una intervención agresiva sobre un terreno expresamente declarado como suelo rústico de interés natural y paisajístico y poseedor de valores patrimoniales, etnográficos y arqueológicos”. La respuesta de la administración, según señalan, “lejos de ser la contundente paralización que exige la ley, se ha limitado a la recurrente y cómoda excusa de que ya existe un expediente abierto que al parecer se encuentra en trámite judicial”. En el momento de la anterior denuncia del colectivo, “se estaban realizando movimientos de tierra y desmontes con maquinaria,  así como un perimetrado con estructuras de cemento y vallas. En la zona se hallan algunos valores patrimoniales de tipo etnográfico que pueden haberse visto afectados así como abundante material arqueológico disperso en superficie, como fragmentos líticos, cerámica y restos de malacofauna”. 

Una zona que desde época indígena tuvo importantes asentamientos guanches y ya tras la conquista, fue escenario de actividades económicas tradicionales de tipo intensivo, hasta que el boom urbanístico en el sur de la isla hacia el último cuarto del siglo XX,  llevó al abandono definitivo de esos terrenos. Un “abandono literal”, pues pese a su declaración como suelo protegido, “viene siendo en realidad fruto de la especulación urbanística, sin que se hayan tomado medidas reales de conservación y protección”.

Desde el colectivo, no dudan en señalar que “mientras los papeles duermen en los despachos, las palas y el cemento no descansan y la obra ilegal ya se encuentra en fase muy avanzada, habiendo dado tiempo a levantar toda una estructura habitacional de dos plantas”. Para Imastanen, “se está edificando a sabiendas de la ilegalidad, contraviniendo de forma flagrante la normativa urbanística y patrimonial sin que hasta el momento se haya movido un solo dedo para impedirlo físicamente. Según nos consta por testimonios de algunos vecinos, la policía se ha presentado en el lugar en varias ocasiones, sin que esto haya llevado a paralización alguna”.

“La burocracia como aliada del infractor”

Desde Imastanen recalcan la “extrema dificultad” con la que a menudo se encuentran los propios técnicos de la administración, atados de pies y manos por una “lentitud burocrática asfixiante”. Esta “ineficacia procedimental” provoca que, a pesar de existir pleno conocimiento oficial sobre la actividad ilegal en curso, “no se tomen las medidas cautelares inmediatas que la legislación prevé para evitar daños mayores”.

Por todo esto, el colectivo no duda en señalar que “esta flagrante impunidad es leída por muchos ciudadanos foráneos, en su mayoría de origen europeo, como una ventana de oportunidad. Compran terrenos en Canarias bajo la colonial premisa de que esto es un “territorio sin ley” donde todo está permitido y donde los hechos consumados sepultan cualquier atisbo de legalidad. Saben que el daño ambiental y arqueológico, una vez hecho, es irreversible, y confían en eternizar los procesos judiciales o, lo que es peor, en que la desidia institucional haga que los expedientes lleguen a prescribir”.

Violación sistemática de la Ley: Delito y Sanciones

Desde Imastanen recuerdan que estos hechos no son meras «infracciones administrativas de menor importancia». Estaríamos, según advierten, “ante la vulneración sistemática de normativas proteccionistas de rango autonómico y estatal”. Entre otras, estas obras suponen una violación directa de:

• La Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias:Cuyo articulado tipifica como infracción muy grave la destrucción o alteración no autorizada de bienes de valor arqueológico, con sanciones que pueden alcanzar los 600.000 euros y la obligación estricta de restituir el bien a su estado original. Al tratarse de material disperso en superficie, el daño es irremediable y las sanciones pueden ser consideradas graves o muy graves.
  
  

• La Ley de suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (Decreto Legislativo 1/2000 y modificatorias):Que prohíbe taxativamente la edificación residencial o de cualquier otra índole no autorizada en suelo rústico protegido, exponiendo a los promotores a sanciones millonarias y a la demolición forzosa de lo construido.
  
  

• El Código Penal (Artículos 319 y 323):Que contempla penas de prisión y multas coercitivas para los promotores, constructores o técnicos que lleven a cabo obras de urbanización o construcción no autorizables en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o suelo rústico protegido.
  
  

Exigencia de responsabilidades de forma inmediata

La responsabilidad de este desastre “sería, en primer lugar, del infractor que ejecuta la obra con total desprecio a nuestra tierra. Pero es, en igual o mayor medida, de las instituciones responsables: empezando por el propio Ayuntamiento de Arona y siguiendo por las demás administraciones competentes insulares y autonómicas según la normativa vigente. Su inacción las convierte en cómplices por omisión”.

Imastanen concluye su comunicado señalando que “no podemos seguir permitiendo que la parálisis administrativa sea la alfombra roja sobre la que se destruye nuestra herencia colectiva. Exigimos la paralización inmediata y cautelar de las obras, el precinto de la zona, la apertura contundente del régimen sancionador y que se ejecute de manera ejemplar el derribo de lo ilegalmente construido, restituyendo el paisaje y los valores patrimoniales a su estado original. Aunque para esto último, en realidad ya sea demasiado tarde”.