El MPAIAC denuncia ante la Unión Africana y la CELAC “el trato inhumano” del Gobierno español hacia los migrantes africanos

Esta actuación “antihumanitaria del Estado español y la Unión Europea”, ya denunciada anteriormente por el MPAIAC ante la ONU, el ACNUR y el ACNUDH, se ha visto confirmada por el propio Defensor del Pueblo de España, Francisco Fernández Marugán, que ha acusado al Gobierno español de haber convertido Canarias en “un lugar de privación de derechos para miles de migrantes africanos”

El Movimiento para la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario-MPAIAC ha denunciado ante la Comisión de la Unión Africana, en Addis Abeba, Etiopía, el trato inhumano perpetrado por el Gobierno español contra los miles de migrantes irregulares africanos que están llegando por vía marítima al Archipiélago de Canarias, en su intención de proseguir su viaje hacia la Unión Europea.

Esta actuación “antihumanitaria del Estado español y la Unión Europea”, ya denunciada anteriormente  por el MPAIAC ante la ONU, el ACNUR y el ACNUDH,  se ha visto confirmada por el propio Defensor del Pueblo de España, Francisco Fernández Marugán, que ha acusado al Gobierno español de haber convertido Canarias en “un lugar de privación de derechos para miles de migrantes africanos”, que han llegado irregularmente por vía marítima a las Islas  a lo largo del último año, en un demoledor Informe que entregó el pasado 3 de marzo al Congreso de los Diputados en Madrid, resultado de “una exhaustiva supervisión de las instalaciones de recepción, detención y acogida de personas extranjeras en las Islas”,  que su oficina realizó en los últimos meses de 2020.

En el Informe, se da cuenta de la “deficiencias de la improvisada red de acogida, de las carencias en los procedimientos de atención y asilo y de las restricciones a la libre circulación que sufren los solicitantes de asilo y los migrantes con orden de devolución no ejecutada, cuando intentan salir de Canarias y desplazarse a otras comunidades del Estado, aun contando con los documentos identificativos exigidos” , añadiendo que  “El sistema de acogida, tanto de personas en situación irregular que no han sido expulsadas, como de solicitantes de asilo, no tiene capacidad para atenderlas en centros residenciales adecuados”, quedando muchos de ellos abandonados a su suerte en las calles, sin atención alguna de tipo habitacional, alimenticia o sanitaria. Insistiendo, además, en que “los centros improvisados para migrantes en modo alguno deberían ser utilizados como campamentos en los que ciudadanos extranjeros esperen sine die a que se pueda ejecutar su retorno” y apremia a que “se agilicen los traslados de personas migrantes a la Península (Ibérica).

La falta de previsión del Gobierno español, tras la llegada de más de 23.000 personas durante 2020 ha generado una situación que el citado Informe define como “de colapso absoluto”, agravado por su negativa a distribuir equitativamente por todo el Estado los migrantes, obligándoles a permanecer en Canarias, cuyo territorio ha sido convertido en una macro cárcel donde son hacinados en condiciones infrahumanas, en instalaciones que no reúnen las mínimas condiciones exigibles de salubridad y habitabilidad.

Las principales carencias identificadas en su inspección, por la Defensoría del Pueblo, fueron la “falta de instalaciones adecuadas y la inexistencia de protocolos de identificación ágiles y eficaces para la derivación de personas vulnerables” denunciando también “la mala gestión en cuanto a la protección de los más de 2.600 menores no acompañados, la garantía del derecho de asilo, el respeto al límite de 72 horas de detención, la asistencia letrada, la sanidad o el desamparo de las familias de los desaparecidos, que no tienen un punto de información al que recurrir para saber su sus allegados han sobrevivido a la ruta o dónde se encuentran”.

La Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM), ha informado que al menos 600 personas perdieron la vida en el intento de llegar a Canarias desde la costa continental africana en 2020,  estimación que la propia agencia considera muy baja, mientras varias ONG humanitarias han  elevado el número de muertos y desaparecidos a 1.851 personas, debido a la falta de medios de detección y auxilio inmediato no desplegados por España y la Unión Europea en esta nueva ruta de la muerte abierta en el Atlántico, tras las nuevas barreras y restricciones europeas impuestas en el Mediterráneo. Sin embargo, según el Defensor del Pueblo, “ninguna Administración asume su responsabilidad a la hora de atender a las familias de los supervivientes y de las víctimas, y de promover actuaciones tendentes a documentar el número de desapariciones en esta peligrosa ruta”.

Maltratadores en Canarias y humanitarios en Cúcuta

Asimismo, el MPAIAC ha denunciado ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños-CELAC  el trato inhumano del Gobierno español a los migrantes africanos en Canarias,   para resaltar su abierta contradicción con las declaraciones realizadas por su ministra de Relaciones Exteriores, González Laya, a finales de febrero en Cúcuta , Colombia, cuando se presentó acompañada de su homóloga de dicho país, para intentar alardear de una supuesta ayuda a los migrantes venezolanos, “afirmando, sin el menor pudor, que el mismo respeto que yo predico es el mismo respeto que yo exijo, ni más ni menos,  mientras el mismísimo Defensor del Pueblo español acusaba a su Gobierno, unos días después, mediante el citado Informe presentado al Parlamento,  de haber convertido Canarias en un lugar de privación de derechos para miles de migrantes africanos. Desventurados migrantes venezolanos, señalan desde el MPAIAC, si van a recibir en Colombia la misma ayuda española que los migrantes africanos en Canarias”.

Finalmente, desde la organización denuncian lo que califican de “burda y espuria manipulación política, que sólo persigue utilizar de forma desalmada el drama migratorio para continuar con el hostigamiento político y económico a la República Bolivariana de Venezuela y la intromisión grosera en sus asuntos internos, por parte del Estado español y la Unión Europea, como puso de manifiesto asimismo, la Ministra española, al declarar cínicamente a los medios colombianos que  España está comprometida en un apoyo muy claro a la búsqueda de una solución política a la situación de Venezuela y seguiremos apostando por el diálogo, como método a la búsqueda de una solución a la crisis política, mientras desconocen la voluntad democrática del pueblo venezolano, aprueban continuamente sanciones contra este hermano país y  proporcionan en Madrid guarida y financiamiento a connotados terroristas fugados de la Justicia venezolana”.

 

 


 

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