El Puertito de Armeñime y la destrucción del territorio en Canarias
El Puertito de Armeñime es un puerto natural poblado desde época guanche correspondiente al Menceyato de Adeje en el momento de la conquista, que se cree pudo ser uno de los más ricos en recursos de entre los diferentes cantones en los que se dividía la isla en ese momento. Se caracteriza por sus imponentes formaciones geológicas, su biodiversidad y riqueza paisajística, con multitud de especies de flora y fauna terrestres y marinas presentes, que han sobrevivido a la actividad humana hasta nuestros días. Los diferentes yacimientos detectados en la zona como son grabados rupestres, estructuras habitacionales y material arqueológico de superficie (malacofauna, cerámica, industria lítica y restos óseos de animales) vinculados a unas posibles estructuras de piedra, determinan un nivel base que pudiera corresponder a un asentamiento estable y fábrica de época indígena. Todo ello constituye un enclave que podría contribuir a explicar el modelo de asentamiento guanche en los sectores próximos a la costa sur de Tenerife. La ejecución de las obras para levantar una urbanización de villas lujosas en el Puertito de Armeñime comienza finalmente en 2022 entre polémicas y la denuncia de presuntas irregularidades, con informes de impacto medioambiental ambiguos e incompletos y sin el debido aval del Área de Patrimonio del Cabildo. Es el Ayuntamiento de Adeje quien da el visto bueno a la empresa promotora Segunda Casa Adeje S.L. vinculada a Philip Andreas Hoste, saltándose todo procedimiento pertinente e iniciando así un itinerario plagado de despropósitos. En ese momento una asociación patrimonial informa al Cabildo de los valores arqueológicos presentes en el lugar de las obras y la desprotección de éstos, pues pese al informe realizado por una empresa de arqueología bajo encargo de la propia promotora, se continúa adelante con los trabajos sin las debidas medidas que garantizaran la protección de los yacimientos detectados. Pese al informe arqueológico emitido y con el conocimiento de la promotora y la constructora, se inician los trabajos con maquinaria pesada sin que se ejecuten las medidas necesarias estipuladas por la ley para garantizar la integridad de los valores patrimoniales. El informe deja fuera algunos grabados y estructuras afectadas por la obra. Se comienza a abrir una vía estructurante que supone una horrorosa cicatriz sobre el terreno llegando a destruirse uno de los yacimientos inventariados al arrasar con las mencionadas estructuras habitacionales vinculadas al taller lítico, de gran importancia tal y como señala el informe arqueológico original. El daño es irreversible y tras la denuncia de la Asociación Patrimonial Tegüico se paralizan cautelarmente las obras. Ese momento es aprovechado por un grupo de activistas para acampar en el perímetro afectado, llegando a encadenarse a una de las palas que seguían trabajando sobre la vía estructurante. La presencia de las activistas y su notoria intervención convierte el caso en un escándalo público con repercusión internacional, propiciando un apoyo masivo de la población tinerfeña, que ve como un espacio ubicado entre un Paraje de Interés Científico y una Zona de Especial Conservación Marina es destruido con total impunidad. La acampada se prolonga durante meses. Se producen una primera paralización cautelar ordenada por el Área de Patrimonio del Cabildo de Tenerife y una segunda emitida desde la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias, con el foco mediático puesto en el caso y sus múltiples irregularidades. En noviembre de 2022 la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias ordena una nueva paralización por la amenaza inminente de daño ambiental al constatarse una población de Viborina Triste (Echium Triste) no incluída en el informe medioambiental encargado por la promotora. Dicha especie cuenta con la categoría de Protección Especial dentro del Catálogo Canario de Especies Protegidas que recoge la Ley 4/2010 de del 4 de Junio. Se trata de una planta altamente amenazada y de gran valor científico y ecológico tal y como especifica el Anexo IV de dicho catálogo. En octubre de 2022 la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza presenta una denuncia en la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural y ante la Fiscalía Provincial contra los promotores del proyecto, los constructores y directores de obras, el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga (PSOE), y el resto de la corporación municipal por varios presuntos delitos relacionados con la ordenación del territorio y urbanismo, la protección del patrimonio histórico y medioambiente y falsedad en documento público. Esta denuncia es finalmente archivada por el juez instructor en marzo de 2023 por existir una paralización vigente. El Gobierno de Canarias finalmente deja caducar el expediente sancionador impuesto a la promotora por la comisión de infracciones muy graves al destruir un conjunto de yacimientos arqueológicos. La sanción se elevaba a 600.000 euros y se venció en agosto de 2023. El actual gobierno insiste en que se abrirá de nuevo el expediente sancionador y que se multará sí o sí a la promotora de capital belga. Según el Artículo 149 de la Ley 11/2019 del 25 de Abril, el plazo de resolución para un procedimiento sancionador es de un año,si bien el Artículo 150 de la misma ley estipula que las infracciones administrativas tipificadas como muy graves prescriben a los cinco años. Por tanto, el presunto delito no ha prescrito. Ante todo esto y dada la gravedad del atentado contra el patrimonio arqueológico y según las propias declaraciones del director general de Patrimonio del Gobierno canario, ya se está incoando un nuevo expediente sancionador por la destrucción causada. En este nuevo expediente deberían además imputarse otras infracciones muy graves recogidas por el Art. 140 como son el “llevar a cabo cualquier tipo de actividad arqueológica sin autorización para ello cuando se produzcan daños muy graves en el bien” como es el caso; cuando no se adopten las debidas “medidas de protección o incumplir las condiciones establecidas en intervenciones arqueológicas autorizadas, si ello diera lugar a daños muy graves en los bienes”; cuando “se otorga licencia sin previa autorización administrativa, o incumpliendo las condiciones de ésta”; así como la omisión “del deber de conservación” entre otras infracciones cometidas que no fueron recogidas en el anterior expediente sancionador. El artículo 141 de la Ley 11/2019 específica que: 1.Son responsables de las infracciones, además de quienes hayan cometido las acciones u omisiones en la que la infracción consista: a) Las personas promotoras,por lo que respecta a la realización ilegal de obras. b) Las personas directoras de obra,por lo que respecta a la realización ilegal de obras y al incumplimiento de las órdenes de suspensión. c) Quienes conociendo la comisión de la infracción obtengan un beneficio económico de la realización de los hechos constitutivos de infracción. d) Las corporaciones locales que otorguen licencia o autorizaciones contraviniendo esta ley o que incurran en cualquier otra infracción tipificada en ella. Por tanto un nuevo expediente debería por ley exigir responsabilidades no solo a la promotora sino además a la constructora, y al Ayuntamiento de Adeje a través de sus cargos responsables. Otro aspecto polémico que la ley recoge es el derecho que otorga el Art. 69 a la ciudadanía de cara a garantizar la posibilidad de “visita pública” a los diferentes Bienes de Interés Cultural y que “será al menos de cuatro días al mes o un día por semana en horas y días previamente señalados”. Tratándose de una urbanización de máximo lujo en manos de propietarios extranjeros, nos preguntamos cómo se puede garantizar este derecho del pueblo canario sin que se altere la paz y convivencia de los ostentosos residentes foráneos. Ya sabemos lo poco propenso que es este perfil de nuevo residente a interactuar con los molestos nativos, a menos que sea bajo condiciones de servidumbre. Otro valor etnográfico y arquitectónico que se verá alterado por el complejo residencial de alto standing es la fábrica de empaquetado el cual se prevé sea demolido en sus dos terceras partes, manteniendo únicamente parte de la estructura. El edificio declarado BIC posee en boca de los expertos “indudables valores etnográficos, arquitectónicos e industriales, por ese motivo se entiende que debe ser conservado y restaurado” además de incluirlo en el catálogo municipal. Medida que “se antoja difícil cumplir puesto que el ayuntamiento de Adeje carece de catálogo municipal y tampoco ha cumplido con lo dispuesto en la disposición transitoria Sexta de la Ley 11/2019 que establece la obligación de los ayuntamientos de tener su catálogo aprobado”. Suma y sigue. El valor arqueológico de la zona afectada por el proyecto urbanístico comprende un conjunto más amplio que se extiende a todo el litoral y de costa a cumbre, con multitud de manifestaciones rupestres y estructuras de gran valor como los diferentes tipos de grabados, las atalayas de observación y asentamientos guanches de diversa índole. A todo ello se suma el valor histórico y cultural ligado a las prácticas tradicionales marítimas en diferentes épocas y a la posibilidad de albergar valores arqueológicos subacuáticos. Por lo tanto el valor de este reducto natural e histórico que resiste entre urbanizaciones, complejos hoteleros y vías de comunicación con sus alumbrados, emisarios de aguas residuales y masificación humana ocupando la práctica totalidad del litoral adejero, acoge no solo a la amenazada y frágil biodiversidad colmada de endemismos, sino a multitud de valores patrimoniales únicos en el mundo. Todo ello quedará sepultado para siempre bajo el interés privado que deja grandes beneficios en manos extranjeras y comisiones a sus testaferros locales, a cambio de la pérdida de aquellos valores que nos dan identidad y razón de ser como pueblo. Que Armeñime no sea la Tumba del Alma Canaria. Colectivo Imastanen Defendiendo el legado superviviente Fotografías: archivo de El País Canario. 
