El TSJC da a la acampada 4 días de plazo para efectuar alegaciones

“Continúa la persecución a las familias y colectivos que luchan por el derecho a la vivienda”

Cuando se cumplen 134 días de lucha ininterrumpida en la calle por el derecho a una vivienda digna, hoy nos despertamos con un titular de prensa claramente dirigido, dónde se lee que: «El TSJC considera que desalojar la acampada de la plaza Candelaria no vulnera el derecho de reunión», pero la realidad es que aún no hay sentencia en firme del TSJC, que otorga a las partes 4 días de plazo para efectuar alegaciones a una resolución inicial, y por tanto el titular es claramente tendencioso.

Lo que sí parece apuntar el alto tribunal, es que la Acampada Reivindicativa cuenta con autorización legal de la Subdelegación del Gobierno para llevar adelante la concentración durante todo el mes de noviembre ininterrumpidamente, en la mañana, en la tarde, en la noche y hasta de madrugada si lo creyéramos oportuno. Dicho con otras palabras, nuestra reivindicación va a seguir adelante, en la Plaza de la Candelaria, y si lo que el Ayuntamiento quiere es que quitemos las tiendas, las carpas y cualquier otra cobertura, así lo haremos. Pero deben saber en el Ayuntamiento, el señor alcalde Bermúdez (CC), y sus socios del Partido Popular, que con esta persecución a la que nos está sometiendo, nos condena a mantener nuestras protestas en pleno invierno sin ningún tipo de protección frente al frío, la lluvia o cualquier otra inclemencia meteorológica.  El motivo de instalar carpas o tiendas de campaña es simplemente ese, proporcionarnos algún tipo de cobertura, además de visibilizar en nuestra protesta el futuro que le espera a buena parte de la población en Canarias, si mantenemos esta política de vivienda tan nefasta. Basta para ello con darse una vuelta por playas de la isla de Tenerife, en la misma capital o en el sur, para comprobar cómo hay montones de tiendas de campaña de gente que no tiene donde vivir.

Conviene apuntar también, que la normativa municipal a la que se agarra el Ayuntamiento para obligarnos a levantar las carpas, es una normativa que sabemos que no se aplica con rigidez en todos lados, lo vemos con la ciudad plagada de patinetas en cualquier lado, haciendo uso permanente del espacio público, lo vemos en muchas terrazas de bares que tienen carpas ancladas al suelo de manera permanente en plena vía pública obstaculizando el tránsito ciudadano, en especial para las personas con movilidad reducida. Hay por tanto un exceso de celo en el Ayuntamiento en la aplicación de esta norma sobre nosotros, que no se vislumbra con otros colectivos, y que a nuestro juicio esconde un claro sentido aporofóbico, esto es: los pobres y la gente que lucha por sus derechos molestamos en las calles. De igual modo, al inicio de la Acampada Reivindicativa en Presidencia del Gobierno, en conversación mantenida por el señor alcalde Bermudez con el portavoz de la protesta Lolo Dorta, el máximo regidor de la ciudad le confirmó que no era necesaria autorización de uso de la vía pública.

Y esto es lo que podemos comentar de momento, continúa la persecución a las familias y colectivos que luchan por el derecho a la vivienda, y esto sucede, y es importante recordarlo, cuando sufrimos la crisis habitacional más grave que ha aparecido esta tierra en su historia, con ocho desahucios al día en Canarias según el Consejo General del Poder Judicial, con los índices de paro y de pobreza más altos, con la cesta de la compra más cara, con los sueldos más bajos, con los precios de la vivienda en venta y en alquiler disparados batiendo récords históricos, con 150.000 viviendas vacías, con los fondos buitre acaparando vivienda por toda Canarias, con el alquiler vacacional en auge, sin promoción de vivienda pública desde hace dos décadas, con unos servicios sociales calificados como irrelevantes según el último índice DEC, y sufriendo a una empresa pública como Visocan, que sigue desahuciando a la gente y funciona casi como otro fondo buitre más. 

En Santa Cruz de Tenerife, 19 de noviembre de 2021

ACAMPADA REIVINDICATIVA POR EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA