Iniciativa Popular Canaria pide la intervención de la ONU ante la “ineptitud española” en Canarias

No es “apropiado” aplicar a estas personas “la denominación de inmigrantes irregulares, ya que las circunstancias extremas que obligan a la mayoría de ellos a huir de sus países de origen, les hacen acreedores de la condición de refugiados, en virtud de la definición aprobada por la citada Convención de Ginebra”

Canarias “no puede ser la macro cárcel donde España, a cambio de cuantiosos fondos aportados por la UE, encierre, hasta su deportación, a los refugiados africanos que hacen escala en las Islas en su deseo final de llegar a la UE”

La INICIATIVA POPULAR CANARIA-IPC, se ha dirigido al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), como organismos de la ONU, para comunicarles que, en las últimas semanas, se ha venido produciéndose un flujo exponencial de embarcaciones precarias, pateras o cayucos, atestadas de personas, que han estado zarpando desde los vecinos países de Marruecos, Sáhara Occidental, Mauritania y Senegal con destino a las Islas Canarias.

Se desconoce la cantidad de dichas embarcaciones que hayan podido zozobrar antes de llegar a las Islas, aunque, “desgraciadamente -apuntan desde la IPC- ya han sido localizadas algunas con numerosos cadáveres a bordo y otras vacías, al desaparecer sus ocupantes en el Atlántico. Muchas decenas de estas barquillas sí han tenido la fortuna de arribar a las costas de Canarias, en donde ya se encuentran refugiados varios miles de personas procedentes de diversos países africanos”.

Por parte de los Organismos de la ONU -recuerdan desde la plataforma- es conocida la delicada situación que atraviesan varios países africanos que están sufriendo conflictos de distinta índole, que afectan a más de 20 millones de personas, ya sean bélicos, religiosos, territoriales, golpes de estado o crisis económicas profundas, agravados por la irrupción de la pandemia Covid-19; es el caso de Mali y la región del Azawad, República Centroafricana, Nigeria, Sudán del Sur, Burundi o el vecino Yemen”.

De esta forma, “por simple instinto de supervivencia muchas de estas personas optan por emprender el camino del exilio de dicha realidad humanamente insoportable, buscando trasladarse a países más seguros como es el caso de la Unión Europea (UE), siendo nuestro archipiélago el territorio perteneciente a un miembro de la UE ubicado más cerca del continente africano, del que sólo le separan 52 millas náuticas”.

Desde la IPC denuncian que “muchos de los numerosos refugiados africanos que están arribando a Canarias no están recibiendo el trato humanitario adecuado, pasando muchas noches sobre el suelo de los muelles a su llegada, sin las mínimas condiciones de salud y salubridad, ni apropiadas para el descanso después de un largo, arriesgado y extenuante viaje hacinados en frágiles embarcaciones”.

Por parte del Gobierno autónomo y ayuntamientos “se han habilitado lugares de alojamiento provisionales para una parte de los refugiados, pero no así por parte del Gobierno español, que no ha proporcionado espacios de acogida dignos, de titularidad estatal, negándose a trasladar a dichos refugiados al continente europeo, ya sea a España u otros países de la UE, con el pretexto de que  se produciría un efecto llamada sobre los miles de africanos que esperan en sus costas poder salir del infierno que soportan”.

Tampoco por parte del Gobierno español, ni del mecanismo europeo FRONTEX, “se han proporcionado los medios necesarios para detectar en el mar a la mayoría de estas precarias embarcaciones, con el fin de evitar los naufragios y trasladarlas, o evacuar las personas que transportan, hasta tierra firme, tal como contempla la legislación marítima internacional”.

Desde Iniciativa Popular Canaria pretenden llamar la atención del ACNUR y el ACNUDH, puesto que la mayoría de los refugiados concentrados en Canarias “deben estar bajo la protección de la ONU, en las condiciones establecidas por la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 1951 y su Protocolo de 31 de enero de 1967, de acuerdo así mismo con «el objetivo de establecer un espacio común de protección y solidaridad que se base en un procedimiento común de asilo y un estatuto uniforme para las personas a las que se concede protección internacional», contemplado en el Programa de Estocolmo aprobado por el Consejo Europeo, el 10 de diciembre de 2009”.

Asimismo, desde la IPC advierten que no es “apropiado” aplicar a estas personasla denominación de inmigrantes irregulares, ya que las circunstancias extremas que obligan a la mayoría de ellos a huir de sus países de origen, les hacen acreedores de la condición de refugiados, en virtud de la definición aprobada por la citada Convención de Ginebra”.

La IPC insiste en las medidas de protección internacional que “deben aplicarse a los refugiados, según su Estatuto y Protocolo también citados, deben entenderse como de carácter coyuntural, durante el tiempo que fuera necesario, en tanto que por la comunidad internacional logre implementarse un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) justo y solidario, que propicie el desarrollo sostenible de los países en vías de desarrollo, para que sus ciudadanos no se vean impelidos a emigrar al llamado mundo desarrollado, habilitándose los fondos necesarios como forma de pago de la deuda histórica acumulada con el expolio colonial y neocolonial perpetrado por los países desarrollados”.

La consecución de este NOEI es condición imprescindible para evitar la cronificación de la sangría migratoria desde el Sur al Norte, que sólo sirve para perpetuar el imperialismo y neocolonialismo causante del subdesarrollo del llamado Tercer Mundo, ya que, por un lado,  permite que las oligarquías de los países capitalistas desarrollados continúen beneficiándose de la sobre explotación de la mano de obra barata que les llega por vía migratoria y, por otro, actúa como válvula de escape para impedir o dificultar los procesos de liberación nacional y social de los países coloniales y neo coloniales”.

Ante los graves hechos aquí  denunciados y  “la absoluta falta de implicación del Gobierno español en la resolución del grave problema humanitario planteado con la masiva llegada de refugiados africanos a Canarias”, desde la IPC solicitan a ACNUR, como al ACNUDH, como  organismos internacionales dependientes de la ONU, “que intervengan urgentemente en el Archipiélago de Canarias, para que sean aplicadas las políticas internacionales previstas para la solución de los problemas humanitarios que pudieran suscitarse en cualquier parte del planeta”.

En tal sentido, desde la IPC entienden que “la ONU dispone de la cobertura jurídica y los medios necesarios para conminar al Estado español y resto de la UE a que se impliquen seriamente en la solución de la crisis de refugiados planteada en el Archipiélago de Canarias”. Lo que implica la  “redistribución de los refugiados en el territorio de la UE, en tanto se resuelve su situación administrativa legal, incluida su posibilidad de integración laboral y social -mientras se mantengan en sus países de origen las causas que les obligaron a exiliarse-,  la cobertura de sus necesidades humanitarias y las actuaciones en los países de origen destinadas a una regulación legal de los movimientos migratorios y  la neutralización de las mafias traficantes de personas, que incluso llegan a utilizar barcos nodriza para acercar los cayucos a Canarias, y se enriquecen poniendo en riesgo la vida de los refugiados”.

Finalmente, desde la IPC entienden que Canarias “no puede ser la macro cárcel donde España, a cambio de cuantiosos fondos aportados por la UE, encierre, hasta su deportación, a los refugiados africanos que hacen escala en las Islas en su deseo final de llegar a la UE. Muy al contrario, nuestras Islas deben ser una plataforma para la implementación del citado NOEI y la puesta en práctica de programas de codesarrollo aprovechando su vecindad y gran vecindad con los países africanos. En ese empeño, nuestro archipiélago reúne todas las condiciones para ser sede permanente de muchos Organismos internacionales, dependientes o no de la Naciones Unidas, al servicio de la paz, el codesarrollo y el progreso de los pueblos hermanos de África”.




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