Intersindical condena los ataques al diputado Yoné Caraballo por parte del grupo de Gobierno en el Parlamento
Al tiempo exige al presidente Clavijo el cese fulminante de la consejera de Sanidad y el director del Servicio Canario de Salud (SCS), Adasat Goya, “por su manifiesta incompatibilidad para representar una administración pública que maneja datos sensibles de pacientes y trabajadores”
Con las alusiones personales al diputado Yoné Caraballo en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias, Intersindical considera que “se ha traspasado en el seno de la Cámara, una línea roja moral y otra legal por parte de Adasat Goya y con el aval de la consejera Monzón, sin que nos conste hasta el momento que, Coalición Canaria como grupo de Gobierno, haya tomado medida alguna”. En este sentido, desde el sindicato entienden que “del posible delito deben hacerse cargo los tribunales de justicia”; y se preguntan por las garantías que se ofrecen a los trabajadores y al conjunto de la ciudadanía desde “un equipo que es capaz de acceder a datos de carácter confidencial altamente sensibles del historial médico de una persona con un vínculo laboral como Enfermero en el SCS para luego vomitarlos como forma de desviar la atención en el momento que considera oportuno”. Intersindical muestra su preocupación y se pregunta: “¿qué podemos esperar si todo apunta a que el director del SCS, husmea delictivamente y publicita el historial clínico de un parlamentario, con el consentimiento de la consejera?”
Intersindical expresa su apoyo y solidaridad al diputado afectado, “que ha sido objeto de un ataque personal inadmisible, más allá de cualquier diferencia política o ideológica”. Intersindical Canaria defiende el respeto personal, la dignidad y la privacidad como valores inquebrantables.
Finalmente, condenan que el Gobierno presidido por Fernando Clavijo “haya permitido la instauración de prácticas propias del “trumpismo” político, donde la descalificación personal y el uso inmoral de información sensible sustituyen al debate serio y al respeto institucional”. Entienden, por tanto, que sobran los motivos para exigir a Clavijo el “cese fulminante” de la consejera de Sanidad y del director del SCS.