La Consejería de Hacienda anticipa 102 millones a los ayuntamientos por la covid-19

El Gobierno responde así a la petición de la Diputación del Común sobre el apoyo a los ayuntamientos por la crisis

La Consejería de Derechos Sociales aportará 12 millones para exclusión social

El Diputado del Común, Rafael Yanes, abrió una investigación de oficio para la eventual creación de un Fondo de Liquidez Municipal o instrumento similar, para que los ayuntamientos atiendan la emergencia social y la reconstrucción económica derivada de la pandemia generada por la covid-19. Por ello, la Consejería de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos, y la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias han remitido dos informes a la Institución que dan respuesta a las quejas que fueron iniciadas por la Diputación del Común.

Tras la emergencia sanitaria, económica y social desatada por la pandemia, el Gobierno de Canarias ha adoptado distintas medidas encaminadas a mejorar la financiación y liquidez de los ayuntamientos canarios, según informan.

Para ello, se ha modificado la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal (FCFM), de forma que los ayuntamientos canarios que cumplan los indicadores de saneamiento económico-financiero establecidos en la ley, podrán destinar hasta el 100% del crédito de inversión correspondiente al fondo de 2020 a ayudas de emergencia social.

De igual manera, estos consistorios podrán, a excepción del indicador de ahorro neto, emplear la parte del fondo de 2020 correspondiente a saneamiento a la cancelación de la deuda con proveedores a 31 de diciembre de 2019, y a inversiones o ayudas de emergencia social hasta el 100% del crédito de inversión correspondiente al fondo de 2020. De esta forma, ya no será exigible que los municipios canarios cumplan con los indicadores de saneamiento económico-financiero para poder destinar el 50% del FCFM del ejercicio a ayudas de emergencia social o a inversión.

Además, desde las Consejerías han comunicado la ampliación de la tipología de gastos relacionados con la covid-19, y con el fomento e implantación de sistemas de teletrabajo del personal al servicio del Ayuntamiento en cuestión o de sus entes dependientes.

En aplicación de esta disposición, el Gobierno ha informado haber anticipado 102 millones de euros a los ayuntamientos canarios que ha supuesto una importante inyección de liquidez que, en circunstancias normales, no habrían percibido hasta la aprobación de las auditorías de gestión del FCFM.

Entre todas estas medidas adoptadas, también se encuentra la concesión de aportaciones dinerarias a favor de los ayuntamientos de la CAC, para el desarrollo del programa de lucha contra la pobreza y la exclusión social en 2020, por importe total de 12 millones de euros, distribuidos entre todos los municipios. Así como la aprobación de normas especiales aplicables al procedimiento de distribución de los recursos derivados del Bloque de Financiación Canario (BFC), para las entregas a cuenta y la formalización contable de los meses de julio a diciembre del año 2020. Orden a través de la que se regulan entregas a cuenta a las Corporaciones Locales para los meses de julio a diciembre de 2020.

Por su parte, el Gobierno de Canarias ha resaltado otras medidas urgentes de carácter social que, aunque no están articuladas mediante financiación a los ayuntamientos canarios, sí han sido planificadas en beneficio de los habitantes de los municipios más afectados por la covid-19. Destacan la regulación de la prestación económica del Ingreso Canario de Emergencia (ICE) como instrumento de apoyo para las personas que constituyen unidades de convivencia en las que concurran circunstancias que las coloquen en un estado de extrema necesidad, como consecuencia de la pandemia.

Asimismo, han informado sobre la exoneración del pago de la renta de alquiler correspondiente a los meses de abril y mayo de 2020 a las personas adjudicatarias de viviendas protegidas de promoción pública en régimen de arrendamiento, titularidad del ICV, así como las adjudicatarias de las viviendas protegidas de promoción privada por la Sociedad Pública de Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, SAU (VISOCAN), que hayan sido adjudicadas en el mismo régimen y por el mismo procedimiento en virtud de convenio suscrito por ambas entidades.




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