A modo introductorio, sin exhaustividad alguna, hemos de considerar los hechos acaecidos respecto a los años transcurridos desde la transición democrática española, gestada entre los años 1976 y 1977, hasta la fecha; es decir, pese haber transcurrido unas cuatro décadas, España continua teniendo un notable déficit democrático institucional; podríamos aseverar, coincidiendo con el insigne jurista don Antonio García – Trevijano Forte (1), que el sistema político español adolece de una autentica separación de poderes, así como de una falta de democracia formal; además, la configuración de partidos está sustentada sobre lo que podríamos tildar de partidos estatales que funcionan, en más de las ocasiones deseadas, de manera oligárquica; es más, podríamos decir, con escaso yerro, que los partidos, todos, están subsumidos en lo que algunos denominamos “partitocracia” o “partidocracia”. Es decir, son muchas las ocasiones en las que priman los intereses de las capas dirigentes, sobre la línea ideológica de los propios partidos políticos de Estado.
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