El campo en llamas

Sara Hernández, portavoz de Drago Canarias en La Palma

El campo está al límite. Las protestas de miles de agricultores y agricultoras por toda Europa, a las que se anuncia que pronto se sumará Canarias, lo han dejado claro

La doble vara de medir de las políticas agrarias que la Unión Europea lleva décadas imponiendo, junto al aumento de los precios de la energía y los insumos, el colapso en los precios reales que percibe el campo y las condiciones climáticas cada vez más adversas, han prendido la mecha.

Pongámonos en contexto. El Pacto Verde Europeo pretende la neutralidad climática de la UE para 2050. En él, se enmarca la estrategia “De la Granja a la Mesa”, cuyo objetivo es hacer que los sistemas alimentarios europeos sean justos, saludables y respetuosos con el medio ambiente. ¿Y cómo lo hace? Condicionando las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) a sus objetivos, entre los cuales están reducir un 50 % el uso de plaguicidas, un 20 % el de fertilizantes o alcanzar un 25 % de terrenos dedicados a la agricultura ecológica, entre otros.

Todo esto puede sonar muy bien, pero si uno rasca un poquito, se da cuenta fácilmente de que estas políticas, aparte de ser insuficientes, están diseñadas para beneficiar, como siempre, a grandes terratenientes y a la agroindustria exportadora —el 20 % más pudiente acapara el 80 % de las ayudas—, dejando contra las cuerdas al campesinado que cuida de nuestra tierra.

Pero… ¿Acaso son estas regulaciones ambientales el problema? No. El problema es esa doble vara de medir a la que me refería antes, pues mientras se ahoga a la gente de nuestro sector agrícola en burocracia para poder cumplir con estas exigencias, la misma UE firma pactos de libre comercio que generan una competencia desleal insalvable.

¿Qué sentido tiene proponer unas medidas “verdes” para recuperar nuestros suelos, cuidar los ecosistemas, disminuir la huella de la actividad agropecuaria y producir productos más saludables, si se da carta blanca a la entrada de productos importados que no cumplen ninguno de esos requisitos y que tiran los precios por debajo del coste de producción en Europa?

¿Quiénes nos gobiernan saben qué es la «transición ecológica»?

Parece que mientras la contaminación, el uso de agrotóxicos, la deforestación, las condiciones laborales infrahumanas y el agotamiento de recursos no se produzcan en territorio comunitario, la UE está contenta de firmar lo que sea, poniendo a los trabajadores y trabajadoras del campo en una posición de absoluta desventaja con respecto a las importaciones de terceros países.

Y esta situación es aún más frustrante para las personas que sostienen nuestra agricultura cuando ven los márgenes abusivos que se llevan los intermediarios, las distribuidoras y las grandes cadenas de supermercados.

Un reciente informe de FACUA-Consumidores en Acción revela que los alimentos se encarecen hasta un 875 % entre el campo y el supermercado. Sin ir más lejos, Canarias fue la comunidad autónoma donde más se encareció la cesta de la compra el pasado año, mientras el poder adquisitivo de las familias canarias no para de bajar.

Pero… ¿qué se puede hacer desde La Palma frente al claro fracaso del actual modelo globalizado de la alimentación? Pues tenemos margen de maniobra.

Afortunadamente, cada vez somos más personas las que tenemos claro que nuestros problemas no los resolverá ni el mercado, ni el estado, ni la UE; y que apostamos por un nuevo modelo socioeconómico más justo, democrático, solidario y sostenible desde lo local.

Establecer canales cortos de comercialización a través de grupos de consumo o supermercados cooperativos, eliminando intermediarios para consumir productos locales de pequeños productores y productoras es la alternativa a la actual “venta a pérdidas” a la que se está enfrentando el sector.

Estos sistemas permiten que las personas productoras puedan vivir dignamente de su trabajo, a la vez que se democratiza el acceso a productos sanos, generando economía local y reduciendo la alta dependencia que tenemos del exterior, dirigiéndonos a la tan necesaria soberanía alimentaria.

Es urgente pasar de políticas basadas en subvenciones que solo parchean problemas estructurales, a políticas de desarrollo comunitario arraigado al territorio. Transformarnos de objetos del sistema económico global actual a sujetos vinculados a una economía local de la que formemos parte activa, cuidando de esa manera el territorio y a las personas que lo habitamos.

Nuestras instituciones locales —ayuntamientos y Cabildo— pueden acelerar esta transición necesaria para la supervivencia del campo canario, estableciendo políticas que promuevan una economía local autocentrada, que revaloricen nuestro paisaje, nuestras variedades locales, nuestros saberes… que salven de la desaparición nuestro patrimonio agrícola, que nos atraviesa culturalmente y nos ha conformado como sociedad.

Aún estamos a tiempo.

Sara Hernández

portavoz de Drago Canarias en La Palma