El elevado desempleo debe obligar al Gobierno canario y a la patronal a revisar sus obsoletas políticas sociales y laborales
Los 2.404 parados de más contabilizados durante el mes de enero en Canarias, no es el único dato negativo que vuelve a echar por tierra la euforia y autocomplacencia del gobierno canario en materia laboral y de empleo. Las 10.081 afiliaciones menos a la Seguridad Social y el hecho de que el 78% de los contratos formalizados en ese mismo mes tenga un carácter temporal y precario, denota un manifiesto fracaso que debe obligar al gobierno autónomo a corregir el conjunto de su cavernaria política social y laboral.
El Ejecutivo canario tendrá que explicar el hecho de que las diferentes partidas económicas, teóricamente dirigidas a los diferentes planes de empleo, no hayan incidido hasta ahora en una reseñable creación de puestos de trabajo. Pero, de lo que no exista duda, es que contrariamente a su cometido ante el elevado desempleo, el Ejecutivo canario presidido por Fernando Clavijo, se haya convertido en una fábrica de destrucción de empleo en los servicios públicos que gestiona. Las convocatoria de las diferentes OPEs son sólo una operación de maquillaje de sustitución de contratos que, en la práctica, no crea ningún nuevo puesto de trabajo
El persistente y endémico alto nivel de desempleo canario (6 puntos por encima de la media estatal) debería suponer un nuevo toque de atención al conjunto del empresariado que actúa en las Islas para que atempere su codicia y comparta civilizadamente sus beneficios hacia los objetivos sociales de creación y mejora de empleo, sobre todo en el actual ciclo de bonanza económica, y especialmente en el sector turístico que da empleo al 87% de los trabajadores y en la que el sector empresarial se ve complementariamente beneficiada por una amplia modalidad de desgravaciones fiscales y subvenciones de dinero público.
Para Intersindical Canaria resulta reprobable que las organizaciones empresariales «culpen» de la subida del paro a la revisión del salario mínimo hasta los 900 euros. Ello es tanto como reconocer, que ante la disyuntiva de tener que dignificar mínimamente el salario, los empresarios optan egoístamente por el incivilizado despido de sus trabajadores.
Intersindical Canaria
