Perú, el lejano oeste

18 de diciembre de 202215 de diciembre de 2023 Redacción Redacción

No es posible entender lo que ha sucedido en Perú la última semana sin echar una mirada atrás en el tiempo, sin analizar las últimas campañas y los resultados electorales en el país y la crisis política sistémica, empezando por los partidos políticos. En las campañas se marca el futuro político de un posible Gobierno, tanto sus limitaciones como sus expectativas. Por ejemplo, si hace una campaña apelando al antifascismo en lugar de centrarla en la penosa gestión de una presidenta autonómica, movilizas a tu electorado antifascista y tus fanáticos, sí, pero también a la ultraderecha. Si además funcionas como un repelente a izquierda y derecha, aunque no te hayas dado cuenta, se obtienen los resultados de la derecha ultra y la ultraderecha en la Comunidad de Madrid en 2021.

En el caso del Perú, el hecho de que algunos presidentes, como Luis Arce, Gustavo Petro o AMLO, hayan patinado en sus evaluaciones de lo sucedido también tiene que ver con la información que les está llegando, aunque lleven razón en algunos de sus planteamientos. Pero el caso de la caída de Pedro Castillo no se puede enmarcar exclusivamente en el racismo y clasismo de la elite blanca limeña, en un Congreso obstruccionista, en el monopolio mediático del grupo El Comercio que destruye honras y reputación de personas, que condena a políticos en la plaza pública sin derecho al debido proceso, ni a la presunción de inocencia, ni a la defensa.

Como ha dicho Vladimir Cerrón, el líder de Perú Libre, partido que lo llevó en su candidatura, Castillo se precipitó, pues no estaba claro que en el Congreso se reunieran los votos suficientes para vacarlo sin la bancada de Perú Libre[1]. Uno de sus asesores ha declarado que le preparó un discurso que nada tenía que ver con el mensaje presidencial y que no estaba en el horizonte ningún plan de cierre del Congreso[2].

A tenor de la soledad del ex presidente minutos después de ofrecer su tembloroso discurso que incluía el cierre del Congreso (el artículo 134 de la Constitución señala que el Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros, algo que no ocurrió), la toma de control del sistema de Justicia, con supuesta orden de detención de la Fiscal[3], y el estado de excepción con toque de queda, que no había un plan quedó claro de inmediato, salvo su asilo en la embajada mexicana en caso de ponerse muy fea la situación.

¿Por qué lo hizo, entonces? Castillo, abrumado por la presión de la oposición, de sus propios ex colaboradores y de la Fiscalía, simplemente sucumbió; dijo basta, si bien ahora se arrepiente porque le sugieren que es la única salida “política” y viendo además que se calienta la calle, aunque sea mayoritariamente para que se cierre el Congreso más que su liberación, pues Castillo no tiene nada que ver con un líder como Hugo Chávez, ni Perú es Venezuela. De su inseguridad a principios de su mandato se pasó al descontrol final, ante la posibilidad de ser vacado a la tercera moción y que la consiguiente pérdida de su inmunidad lo abocara a varios procesos judiciales por corrupción.

Seis investigaciones por corrupción después de un año de gobierno

Está por probarse que Castillo estuviera al mando de o permitiera un entramado corrupto para beneficio de familiares, allegados y amigos; la Fiscalía tendrá que demostrarlo. Sus reuniones fuera de Palacio, con una agenda no pública en una casa particular en el distrito de Breña[4], inauguraron la Presidencia informal de Castillo, a imagen y semejanza del 80% de la economía nacional. No obstante, ya existen los testimonios de más de una decena de ex colaboradores, su ex secretario de Palacio se entregó a la justicia en julio pasado (después de darse a la fuga tras encontrarse 20.000 dólares en el baño de su despacho en Palacio)[5], el ex ministro de Vivienda, Juan Silva, y el ex presidente de Petroperú se hallan en busca y captura, al igual que dos de sus sobrinos[6], presuntamente involucrados en turbios manejos[7].

Si Palacio ocultó información y encubrió la fuga de los sobrinos de Castillo es otra de las acusaciones a las que se enfrentará. Las comisiones en licitaciones de obras públicas, las coimas por nombramientos en la Policía y las Fuerzas Armadas o el caso por la compra supuestamente amañada de biodiesel son algunos de los seis casos por los que se le investiga en apenas 16 meses de gestión[8]. Lo novedoso en Perú es que se haya investigado al presidente durante el ejercicio de su cargo[9], hecho ratificado tras el pronunciamiento de la Corte Suprema en noviembre pasado[10] y que supuso la definitiva cuenta atrás para su mandato. Quizás esta información les falta a Evo, Petro, Alberto Fernández y AMLO. Porque Castillo ni parece un preso político ni tampoco un líder revolucionario.

Todo lo anterior ha contribuido a que más del 80% de la población quiera que se vayan todos, Gobierno y Congreso, de ahí la rabia expresada en las calles cuando Dina Boluarte, la nueva presidenta constitucional, anunciara que acabaría su mandato en 2026. Luego dio marcha atrás (dijo abril de 2024) y el 14 de diciembre avanzó que, forzando los plazos al máximo, las nuevas elecciones podrían darse en diciembre de 2023.

Ahora, la pregunta pertinente es por qué los mecanismos de control y fiscalización sí funcionaron en este caso y no durante el mandato de Alan García entre 2006 y 2011[11], por ejemplo, con sonoros “faenones” que no tuvieron mucho eco en los grandes medios ni tampoco en la Fiscalía (caso BTR, desfalco en los fondos destinados a Ica tras el terremoto de 2007, Petroaudios, narcoindultos). A fin de cuentas, como ha sucedido en otros países que salen de una dictadura sin un proceso constituyente, la caída de Alberto Fujimori en el año 2000 no supuso pérdida de poder de los compañeros apristas y fujimoristas que coparon distintas instituciones del Estado, entre ellas en el sistema de Justicia[12]. Como en España tras la muerte del dictador, hubo un lavado de cara y poco más. Los mismos intereses siguieron controlando tanto la economía como los distintos poderes del Estado.

El lawfare contra Ollanta Humala y Nadine Heredia

De hecho, nadie puede dudar en el Perú de que si el ex presidente Ollanta Humala hubiera tenido casos de corrupción durante el ejercicio de su Gobierno, la oligarquía que controla monopólicamente los medios de comunicación se habría encargado de difundirlo por tierra, mar y aire. En el caso de Humala, la campaña se centró en destruir su imagen al mismo tiempo que la de su esposa y compañera de partido, Nadine Heredia, que en 2014 tenía una alta popularidad entre la población peruana y que García veía como una rival difícilmente batible en las elecciones de 2016. A fin de cuentas, el nacionalismo con Ollanta Humala ha sido el único espacio que obtuvo más del 30% de los votos en primera vuelta en dos elecciones consecutivas, 2006 y 2011.

García los comparó con Néstor Kirchner y Cristina Fernández, los etiquetó como ‘la pareja presidencial’, planteó que se iban a turnar en el poder indefinidamente y forzó, con el apoyo mediático, la aprobación de una Ley exclusiva para impedir que Nadine Heredia pudiera ser candidata presidencial en 2016. Por si acaso, se desplegó una campaña de demolición de su imagen pública (cerca de mil portadas del grupo El Comercio) que es todo un ejemplo de misoginia y violencia de género, además de un claro caso de lawfare. Nótese que el grupo de Puebla hace piña en torno a los casos de lawfare contra Evo Morales, Rafael Correa, Lula Da Silva y Cristina Fernández (dejando siempre fuera los casos de Humala y Heredia) … y ahora, es posible que sumen al club al señor Castillo. Ellos sabrán por qué.

Que la oligarquía limeña lo quiere controlar todo y ataca todo lo que huela a izquierda lo supo también la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Al día siguiente de tomar posesión al frente de la capital metropolitana, en enero de 2011, el diario El Comercio abría su portada con un llamado a la revocatoria. Sin empezar a gobernar, la guerra contra Villarán ya estaba declarada y se recrudeció después de la denuncia del caso Comunicore, que afectaba al protegido de El Comercio, Luis Castañeda, en plena campaña presidencial.

Un año de portadas llamándola vaga, caviar o inútil le produjeron un desgaste que la hundió en el pozo del 13% de popularidad con el que iniciaba su segundo año de mandato, en enero de 2012, con el 25 de mayo como fecha límite para que los revocadores cumplieran el trámite administrativo de presentación de las firmas. Sin embargo, pese a la enorme campaña mediática contra la ex alcaldesa, no lo lograron, lo que no deja de resultar extraño si es que había tanto rechazo. ¿Cómo se resolvió? Pues el Jurado Nacional de Elecciones, en una más que discutible y sospechosa decisión, prorrogó el plazo, y una parte de las firmas necesarias se consiguió a cambio de paquetes de fideos, galletas y otros alimentos.

Las promesas incumplidas de las campañas

El periodista español que entrevistaba en RPP al ex presidente Alan Ludwig García Pérez se quedó atónito ante la respuesta del líder aprista: “Usted no conoce al Perú”. El periodista cuestionaba a García acerca de la masacre de Bagua[13] (33 fallecidos en la Curva del Diablo) y el presidente que se suicidó antes de entrar en prisión le respondió en la línea de su artículo “El perro del hortelano”[14] y de su comentario acerca de la condición del nativo peruano no blanco: ser ciudadano de segunda categoría[15].

Sus muertes dan igual, lo mismo que la de los policías y los perros o de las personas que habitaban Libia el año que el canciller de García, en el Consejo de Seguridad, solicitó la restricción del espacio aéreo libio, paso previo al ataque de la OTAN, al derrocamiento de Gadaffi, al saqueo de los recursos libios en medio de un país sumido en el caos. Demasiado orden había en Libia, todo lo contrario que en Perú.

Es preciso recordar, para conocer más a Alan García y la violencia normalizada que caracteriza a la sociedad peruana, que entre los días 20 y 23 de junio de 1986 se celebró el XVII Congreso de la Internacional Socialista en Lima, con presencia de 22 presidentes. El espejo en que se miraba García, desde el punto de vista del manejo de la oratoria, era su maestro Felipe González. En Lima, todos iban a admirar la elocuencia del joven García, presidente con 37 años. El día antes de la inauguración de ese XVII Congreso de la Internacional Socialista, el Gobierno de Alan García culminaba la matanza de los penales, empezando por el de la isla de El Frontón. La operación incluyó el bombardeo del penal por parte de barcos de la Marina. Posteriormente, se remató con un tiro en la nuca a los supervivientes. Hubo 254 internos asesinados en las cárceles, el trofeo con el que llegó García al congreso de la Internacional Socialista sin que ningún líder allí presente dijera nada.

García hundió al país con sus disparatadas políticas económicas y se fugó a París con una pequeña fortuna acumulada, previo paso por Colombia. De su Gobierno se recuerdan la monumental estafa del dólar MUC, la hiperinflación, los casos de corrupción económica como el Tren Eléctrico o el de los aviones Mirage. Solo cuando prescribieron los delitos económicos, García regresó a Lima. Pero García también se le puede recordar, en el marco de la guerra interna contra Sendero Luminoso, por las matanzas acaecidas durante su primer Gobierno: en Cayara[16], Accomarca[17], El Frontón y los penales de San Juan de Lurigancho y Santa Bárbara[18], así como por las ejecuciones extrajudiciales realizadas por el Comando Rodrigo Franco (el equivalente al GAL en la época de Felipe González), con casos aún pendientes en la Justicia.

Sin embargo, pese a toda esta colección de ignominias y ese pasado tenebroso, todos los medios de comunicación de Lima, sin excepción, apoyaron en 2006 la candidatura de Alan García a la Presidencia de la República. Conociendo todos los antecedentes de asesinatos masivos, la bancarrota del país y los casos de corrupción. Ni un solo diario tuvo una actitud neutral hacia el otro candidato, Ollanta Humala.

Aún así, Humala ganó la primera vuelta con más del 30% de los votos, en medio de una escandalosa denuncia de fraude por parte de la candidata de la derecha, Lourdes Flores. Pasaron a segunda vuelta al monstruo García, a quien las encuestas daban vencedor frente a Ollanta, que ganaba a Flores. Así que el establishment acordó que pasara García a la segunda vuelta[19], lo que sucedió cuando Lourdes Flores, tras una visita a la Embajada de Estados Unidos en Lima, dijo que había ganado en las urnas, pero que había perdido en las actas. Si no tienes una fuerte organización de personeros, el fraude está cantado.

¿Volver a la Constitución de 1979 o Asamblea Constituyente?

Lo cierto es que Ollanta Humala, al contrario de lo que suele ser habitual, mantuvo su Plan de Gobierno en la segunda vuelta, con la demanda de una Asamblea Constituyente como principal propuesta. Casi la mitad de la población votó a favor, el 47,37%. Durante la campaña, García tuvo que asumir la demanda de cambiar la Constitución de 1993, pero su propuesta fue regresar a la de 1979. Así evitaba el melón de la Asamblea Constituyente, pero ofrecía una alternativa al 73% de la población peruana que entonces, según una extensa encuesta del PNUD, programa de las Naciones Unidas, quería cambios radicales y/o moderados en el país. Por tanto, es falso que los ciudadanos no quisieran entonces o no deseen ahora un cambio constitucional. De hecho, está demostrado que en 2006 votaron a favor: la mayoría por la vuelta a la Constitución de 1979 y el 47,37% a través de un proceso constituyente.

Pero una vez llegó a Palacio, García no hizo nada por cumplir con ese mandato de cambio constitucional, con el claro apoyo de los medios. Es más, utilizó los aparatos del Estado para espiar a rivales políticos, como el presidente electo Ollanta Humala. Durante el mandato de García, de 2006 a 2011, se abrió y archivó, por dos veces, una investigación contra el presidente del Partido Nacionalista Peruano y la entonces secretaria de Relaciones Internacionales del Partido Nacionalista Peruano, Nadine Heredia, por supuesta financiación ilegal de la campaña, porque el objetivo era impedir que se presentaran a las elecciones de 2011. La oligarquía peruana los miraba con recelo, pues no eran uno di noi, como tampoco lo es Castillo.

Cuando Humala ganó las elecciones en 2011, lo hizo renunciando a parte de su programa en la primera vuelta, con decisiones discutibles (desde el punto de vista de la oportunidad, el timing) como la lectura del juramento al pueblo peruano, que propuso el publicista Luis Favre emulando a la campaña de Lula da Silva. Ollanta estaba en tendencia ascendente y los demás bajaban o subían muy poco; los ataques en portada del diario El Comercio una semana antes de las elecciones no hacían mella, pues eran asuntos trillados de la anterior campaña que se lanzaron como cargamontón contra Ollanta Humala. Pero a Favre, que no había estado en la brutal campaña de 2006, le preocupó tanto que propuso hacer el giro al centro antes de finalizar la primera vuelta.

Con mayoría nacionalista a partir de 2011, el Congreso aprobó la creación de una comisión para investigar los casos de corrupción durante el Gobierno de Alan García. En los medios españoles, o europeos, ha ocupado poco espacio el hecho de que Alan García indultara a 3.207 narcotraficantes, de distinto pelaje y tamaño, aunque 886 estaban condenados por narcotráfico agravado[20]. El Perú es el lejano Oeste; oculto a los medios occidentales. Disputa a Colombia ser el primer productor de clorhidrato de cocaína y pasta básica.

Por tanto, Humala renunció a buena parte de su Plan de Gobierno y se centró en tres o cuatro ofertas electorales de carácter social, firmando una Hoja de Ruta que se centró en cumplir entre 2011 y 2016, periodo en que se manejaron los precios más bajos de los metales (oro, plata, cobre, zinc, etc.) desde al menos 1950, influyendo estos precios en el 60% del PBI peruano.

Algunos resultados socioeconómicos del quinquenio 2011-2016

Pese a todo, el manejo económico y fiscal responsable unido a una política de redistribución de la riqueza, a través de la puesta en marcha de varias decenas de programas sociales, condujo a la reducción de la pobreza, la extrema pobreza y la desnutrición infantil. Entre los resultados económicos y sociales del período 2011-2016, tenemos que 570.000 adultos mayores accedieron a una pensión (Pensión 65); 100.000 jóvenes disfrutaron, por primera vez, de una beca para estudiar (BECA 18); se redujo la desnutrición infantil del 23 al 14%; la pobreza disminuyó del 30,8% en el 2010 a 20,7% en el 2016, mientras que la pobreza extrema se redujo de 7,6% en el 2011 a 3,8% en el 2016, según datos del INEI; se duplicaron los beneficiarios del Programa Juntos (de 490 mil a 880 mil personas); la inversión en Educación pasó del 2,9% en relación al PBI el último año del Gobierno de García a casi el 4% en el Gobierno nacionalista de Humala; se crearon la SUNEDU (para la evaluación de la calidad de las universidades) y el programa de Educación Bilingüe (que el Gobierno del supuesto izquierdista Castillo eliminó en sus acuerdos con la derecha); 1,4 millones de personas se beneficiaron con las obras de electrificación rural (la cobertura eléctrica rural creció de 59% en el 2011 a 78% al 2015).

En el año 2011, la cobertura de agua en los hogares rurales alcanzaba al 38,4% de la población. Sin embargo, con una inversión sostenida que alcanzó 3.593 millones de nuevos soles en 2016, se incrementó al 64,5% de los hogares rurales al acabar el mandato; 220.637 viviendas se promovieron mediante el fondo mi vivienda y el Programa Nacional de Vivienda Rural; 1.339.241 peruanos se beneficiaron con la entrega de más de 361.957 títulos de propiedad: aumentó de 12 a 15 millones el número de personas afiliadas al Sistema Integral de Salud; el programa TAMBOS llevó los servicios del Banco de la Nación y los programas sociales a la Sierra peruana; se creó el programa PIAS (Plataformas Itinerantes de Acción Social) que, en unión con la Marina, llevó programas sociales y servicios a la Amazonía a través de la red fluvial. Cunamás atendió a 315 mil niños y niñas de 0 a 3 años. Haku Wiñay, programa de apoyo a pequeños campesinos de la Sierra, benefició a 96.123 hogares hasta el año 2015, a través de la aprobación de proyectos productivos y asistencia técnica; el Fondo MiRiego benefició a 230 mil familias, mejorando 300 mil hectáreas de cultivo. Por último, el programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, mediante un modelo de cogestión con la comunidad, proveyó desayunos escolares a más de 3 millones de niños y niñas (3,4 en 2016).

¿Encajan los resultados en lo que algunos denominan Gobiernos progresistas en la región? Si no había izquierdistas en el Gobierno, entonces, ¿cómo caracterizar a ese Gobierno? ¿Nacionalista? ¿Un Gobierno preocupado por los más pobres, con algo de sensibilidad social? Sin discursos estridentes como los realizados por otros líderes latinoamericanos, lo cierto es que en ese quinquenio la pobreza se redujo en Perú con mayor rapidez que en países como Ecuador o Venezuela.

En 2013, Ollanta Humala convocó una cumbre de la UNASUR en Lima para tratar la crisis en Venezuela después de las primeras elecciones que ganó Nicolás Maduro, tras el fallecimiento del presidente Chávez; producto de esa cumbre todos los Gobiernos reconocieron el resultado de las elecciones venezolanas[21]. Sin embargo, la izquierda peruana presentó a Ollanta Humala como un traidor y así fue asumido por buena parte de la izquierda latinoamericana y europea, sin analizar siquiera los resultados de su Gobierno. No hubo cambios estructurales, pero es que tampoco existía la correlación de fuerzas para llevarlos a cabo.

Es la misma izquierda internacional que, perdida en un mar de contradicciones, nos presenta a Castillo casi como el nuevo líder revolucionario peruano, cuando fue militante del partido Perú Posible del corrupto Alejandro Toledo entre 2006 y 2017 (siendo incluso candidato a alcalde en las elecciones de 2006), que lideró la candidatura de Perú Libre con el único objetivo de pasar del 5% de los votos y sacar una bancada con cierto poder de influencia en el Congreso. El propio objetivo máximo que se planteaban en Perú Libre da una pista de la improvisación que ha caracterizado el Gobierno de Castillo desde el primer minuto. Al principio, Castillo contó con el apoyo de fuerzas de izquierdas y de centro, que se fueron alejando progresivamente. Pero si pretendían de verdad convocar a una Asamblea Constituyente, Castillo debió hacerlo en el primer semestre de su mandato (es lo que haría un líder para iniciar la transformación de su país), no ahora como recurso o justificación para otro fin distinto.

Los datos socioeconómicos del quinquenio 2011-2016, junto con los indicadores macroeconómicos que dejaba el Gobierno de Humala, fueron despreciados por el Gobierno de PPK, el de los economistas de lujo, en el proceso de transición en 2016 y poco a poco sumieron al país con un frenazo económico. Ya con Perú metido en el caso Lava Jato orquestado en Washington con el objetivo de fondo de lograr la privatización de Petrobrás, Pedro Pablo Kuzcinsky se encontró con el obstáculo de un Congreso de aplastante mayoría fujimorista.

El antifujimorismo, la piedra en el zapato

Tanto Humala, como PPK como Castillo ganaron en segunda vuelta en 2011, 2016 y 2021, respectivamente, contra Keiko Fujimori. La diferencia está en los detalles, aunque hay un denominador común: el antifujimorismo.

De los tres, solo Humala obtuvo más votos que Keiko en la primera vuelta de esas elecciones y, por tanto, tuvo mayoría en el Congreso. Fujimori no aceptó nunca su derrota, menos aún contra PPK por 40.000 votos y después de haber obtenido 73 de los 130 escaños en primera vuelta; desde entonces, año 2016, el país vive en continua zozobra con seis presidentes en seis años. Mientras su hermano Kenji convencía a un nutrido grupo de congresistas para que apoyaran a PPK a cambio del indulto de su padre, Alberto Fujimori, Keiko urdía un plan contra PPK, contra su hermano y también contra la liberación de su padre; el trabajo de Kenji se iba al traste con la renuncia de PPK antes de ser vacado, pues ya Keiko había conseguido la mayoría, conspiración en la que participó el vicepresidente de PPK, Martín Vizcarra, que asumía así la Presidencia.

Vizcarra, sin partido, se las ingenió para gobernar unos meses hasta que decidió cerrar el Congreso (lo más popular en Perú es el cierre del Congreso, después del pollo a la brasa) ante la posibilidad de ser vacado, eliminando la mayoría fujimorista de un plumazo. No obstante, el nuevo Congreso se tomó la revancha y provocó la vacancia de Vizcarra para que, según el mandato constitucional, asumiera el presidente de la Cámara, Manuel Merino, acusado de golpista y que duró unos pocos días. Los asesinatos de los jóvenes Inti y Brian, que protestaban en las movilizaciones contra Merino, aún siguen esperando por la justicia. A Merino le sucedió Francisco Sagasti, entonces presidente del Congreso, y pudo acabar el mandato convocando las elecciones de abril de 2021.

Keiko tampoco aceptó los resultados de 2021 y por ello gritó fraude…. Gritas porque, si no le ganas a Pedro Castillo, es que no tienes ninguna posibilidad de gobernar el país. En 2021, se dio la circunstancia de que Castillo (19%) y Keiko fueron los candidatos con menor apoyo popular que han pasado a una segunda vuelta en lo que va de siglo.

Y aquí hay otra clave para entender lo que pasa en Perú. En la campaña electoral de 2011, la Gran Alianza Nacionalista Antiimperialista (GANA Perú), liderada por Humala, a través de la dirigente socialista Aida García Naranjo puso un tema en la agenda pública que gatilló la campaña antifujimorista en las calles del Perú: el recuerdo de las esterilizaciones forzadas, la violación de los derechos humanos de centenares de miles de personas, la mayoría mujeres, además de otros crímenes de lesa humanidad cometidos durante el fujimorato. Sin esa operación eugenésica, la composición demográfica peruana implicaría una mayor prevalencia indígena, no blanca.

Se generó un espontáneo y amplio movimiento antifujimorista en todo el país en 2011, asunto que fue recurrente en la agenda electoral en 2016 y en 2021, impidiendo en todas las ocasiones la victoria de la hija del dictador. La oligarquía que apoyó masivamente a Keiko en todos los procesos, con el grupo El Comercio a la cabeza, no ha asumido nunca ni las sucesivas derrotas ni el mayoritario antifujimorismo existente en Perú, que se expresa notoriamente en el sur del país.

Para la elite blanca limeña que prefiere ser española o europea, esos serranos que acaban siempre impidiendo el triunfo de su candidata no son más que iletrados que viven en las alturas, a quienes no llega el oxígeno al cerebro, son como llamas que no deberían votar porque lo hacen mal[22].

Cuanto más caos, mejor para las actividades ilícitas

A los dueños del Perú lo único que le interesa es que no se modifique el capítulo económico de la Constitución neoliberal de 1993, que contempla la prioridad en el pago de la deuda externa y los contratos-Ley que permiten a las multinacionales el saqueo de las ingentes materias primas del territorio peruano; consagra el Estado mínimo (ausente en el interior del país, Selva y Sierra), el dogma que impide al Estado peruano contar con fuertes empresas públicas y que, en cambio, permite que empresas públicas de otros Estados sí puedan tener actividad en Perú, como la argelina Sonatrach en el caso del gas. Lima, con un área metropolitana donde viven más de 8,5 millones de personas, carece de un sistema de transporte público en superficie. Todo es privado. Da igual que el país caiga en el caos, que haya seis presidentes en seis años, que el Congreso tenga un 80% de desaprobación y los congresistas no renuncien.

Centrarse en los políticos mediante una exhibición mediática patética y lamentable sirve para desviar la atención de los verdaderos negocios que nunca están en crisis: se sigue destruyendo la Amazonía, aniquilando a los líderes indígenas en la Selva peruana y aumenta el narcotráfico. De hecho, basta comparar las hectáreas dedicadas al cultivo de hoja de coca por quinquenio para confirmar que la mayor reducción también se produjo en el período 2011-2016.

Cuanto más caos, más condiciones favorables para actividades ilícitas como la minería ilegal, el narcotráfico o las mafias madereras. En paralelo, se crea un equipo especial de fiscales que aplica a organizaciones políticas las normas aprobadas en el primer trimestre del Gobierno de Humala y pensadas para endurecer las penas contra esas actividades ilegales o ilícitas (tráfico de drogas, madera, minería ilegal, etc.), una exigencia de la OCDE para la entrada en la organización… Investigan varias campañas de distintos partidos por valor de una decena de millones de dólares, pero la gran Banca, con el Banco de Crédito del Perú (BCP) y el BBVA a la cabeza, lava 2.200 millones de dólares en las centrifugadoras ubicadas en los paraísos fiscales del planeta[23]. Eso no hay equipo especial que lo investigue.

La nueva presidenta constitucional, Dina Boluarte, carece de legitimidad, aunque asuma su mandato legalmente por la vacancia de Castillo. Con su llegada, del descontrol de Castillo se pasó al caos, pues sus primeras declaraciones dejaron entrever el acuerdo con el Congreso para quedarse hasta julio de 2026, lo que encendió la protesta porque la aspiración popular mayoritaria sigue siendo que se vayan todos. La elección de su Gabinete, con figuras muy criticadas, empezando por el primer ministro, contribuyó a la percepción de que han prevalecido la repartija y las componendas con los congresistas y la oligarquía para llegar a 2026, objetivo ya descartado. Ha dado marcha atrás, pero la declaración del Estado de Excepción, en lugar de pacificar las protestas, ha provocado ya 21 muertos en 8 días.

La mayoría de la población quiere que se cierre el Congreso y se convoquen elecciones de inmediato, mientras que sectores de la izquierda pugnan por poner en la agenda la convocatoria de una Asamblea Constituyente y un sector menor también pide la liberación de Castillo. Está por verse si, en algún momento de la historia del Perú, los muertos importan, pues es siempre la sangre de los mismos la que se derrama por las calles sin que pase nada. Boluarte puede durar días, semanas o quizás meses, hasta las elecciones, pero en Perú cualquier cosa puede suceder en el actual contexto.

Las reformas políticas que se barajan para ir a nuevas elecciones no incluyen algo que, a la vista de los acontecimientos, parece indispensable: la eliminación de la figura del vicepresidente constitucional que asume tras la caída del presidente que lo ha llevado en su plancha electoral. Esto permite la continuidad de los congresistas y de sus cambalaches. La destitución o vacancia del presidente tendría que conllevar la disolución del Congreso y la convocatoria inmediata de elecciones.

En cuanto a las aspiraciones de un nuevo marco constitucional, una solución podría ser la convocatoria de un referéndum que permita votar si se quiere una Asamblea Constituyente, la vuelta a la de 1979 o reformas importantes en la actual. En todo caso, los problemas solo se estarán pateando hacia adelante si no se contempla el carácter plurinacional del Perú. De lo contrario, no sería extraño la aparición de movimientos etnoregionales que prefieran la independencia de Lima, tanto en la extensa región amazónica de Loreto como en el sur del país.

Ramón Pérez Almodóvar*

*Asesor en comunicación y análisis político en gobiernos de Venezuela (2008), Ecuador (2009, 2010, 2014 y 2016) y Perú (2011) y en las campañas presidenciales de Ollanta Humala en 2006, 2011 y 2021. Ex asesor en comunicación política de la Alcaldía de Lima (2012).

NOTAS

[1]Vladimir Cerrón a Pedro Castillo: “Se ha precipitado, no había votos para la vacancia”. Diario La República, 9 de diciembre de 2022.

[2] Pedro Castillo pidió a su asesor Mendieta discurso que nunca leyó. Diario La República, 11 de diciembre de 2022.

[3] Investigan si Pedro Castillo ordenó detener a la fiscal de la Nación. Diario El Comercio, 9 de diciembre de 2022.

[4] “Abren investigaciones al presidente de Perú sobre reuniones con empresarios fuera del Palacio de Gobierno”. Despacho de Europapress, 30 de noviembre de 2021.

[5] Bruno Pacheco se entrega a la fiscalía: cronología de una fuga que duró casi cuatro meses. Diario El Comercio, 27 de julio de 2022.

[6] Beder Camacho sabe cómo escaparon Juan Silva y Fray Vásquez. Diario La República, 10 de noviembre de 2022.

[7] Los sobrinos del Presidente. ¿Víctimas de un juego político judicial o aprendices del lado oscuro? Diario La República, 21 de mayo de 2022.

[8] La Fiscalía de Perú abre la sexta investigación por corrupción contra Pedro Castillo. Diario El País, 11 de agosto de 2022.

[9] Pedro Castillo afronta una investigación por corrupción antes de culminar su primer año de mandato. Diario El País (España), 16 de junio de 2022.

[10] Pedro Castillo: Corte Suprema determinó que el presidente sí puede ser investigado por la Fiscalía. RPP, 21 de noviembre de 2022.

[11] Hildebrant: Está bien la investigación a Castillo, pero por qué no se hizo con García, Fujimori y Toledo. Diario La República, 31 de mayo de 2022.