Urge un verdadero plan para la atención de la Salud Mental en Canarias (I)

“El Parlamento de Canarias, coincidiendo con el día de la Salud Mental, plantea un nuevo Plan, cuando los anteriores han resultado un brindis al sol por la falta de financiación”

“Al aumento del consumo de tranquilizantes, analgésicos, hipnóticos y antidepresivos desde el 2017, hay que sumar los altos niveles de consumo regular de alcohol, hechos que coexisten con una situación socioeconómica precaria con altos niveles de pobreza”

Los indicadores en el país canario, reflejan el sufrimiento acumulado por nuestra población en materia de salud mental: Unas tasas de suicidio por encima de la media del Estado español, aumento de la demanda donde la mayoría de los casos no están correctamente diagnosticados, dificultad en la accesibilidad al sistema sanitario como consecuencia principalmente de los recortes y la pandemia de COVID, lo que produce sufrimiento y  el aumento de los costes vinculados a las muertes evitables, a los niveles de incapacidades laborales y cronicidad. La urgencia de las medidas a tomar es inaplazable. Mientras, el Parlamento de Canarias, coincidiendo con el día de la Salud Mental, plantea un nuevo Plan, cuando los anteriores han resultado un brindis al sol por la falta de financiación.

La pandemia ha tenido como resultado el incremento de casos de depresión, ansiedad, Insomnio y estrés postraumático, en todos los tramos de población por edades y en los profesionales sanitarios, sociosanitarios y cuidadores no formales. La población con trastorno mental grave vio mermada su atención: más del 50% dejó de recibir programas de rehabilitación psicosocial y entrenamiento en habilidades de autonomía para la vida diaria, teniendo que pasar solas el confinamiento y con aumento del consumo de psicofármacos. El agravamiento de los problemas requiere la implicación real de los gobiernos y sus autoridades sanitarias, como plantean los avisos de la OMS, en lo que se llamó la sexta ola, la ola de la Salud Mental y la fatiga crónica. 

En Canarias, al aumento del consumo de tranquilizantes, analgésicos, hipnóticos y antidepresivos desde el 2017, hay que sumar los altos niveles de consumo regular de alcohol, hechos que coexisten con una situación socioeconómica precaria con altos niveles de pobreza (que afecta a más del 30% de la población, con cerca del 50% en riesgo de exclusión social) y de desempleo estructural (superior al 22%, la cifra más elevada del conjunto del Estado español). Ambos fenómenos están vinculados a una situación de segregación con los peores salarios, las más duras condiciones laborales, las pensiones y prestaciones por desempleo más bajas, la cesta de la compra saludable y la vivienda más cara… Dentro de una ausencia de modelo de desarrollo basado en la explotación, en la destrucción del territorio y los recursos naturales, pérdida de la identidad como pueblo y merced al monocultivo turístico de masas. 

Este impacto y la débil situación de partida de la Sanidad Pública Canaria, son elementos para el análisis, que ha llevado a las sociedades científicas como la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría, a la que se suma en su vertiente de defensa de los derechos de los trabajadores y usuarios de la sanidad pública canaria, Intersindical Canaria, a elaborar un plan de acción en materia de la Salud Mental, vistos los efectos que vive y sufre la ciudadanía, y que constituya un compromiso real y un llamamiento a las instituciones públicas y los agentes sociales, para mostrar una mayor vigilancia y seguimiento.

Si con las inversiones destinadas a la Salud Mental recientemente anunciadas por el gobierno del Estado español se pretende impulsar la atención en este problema de salud, para Canarias se hace necesario reconocer que es una prioridad en las políticas públicas: desde el 2008 no existe un plan efectivo. Ha habido dejación histórica, que, sumado al impacto de la crisis económica, el reajuste presupuestario y los efectos de la pandemia, las emergencias y los efectos a medio plazo de la erupción volcánica, parecen razones suficientes para exigir más rapidez y compromiso.

Otra cuestión fundamental es la incorporación de la sociedad civil, asociaciones profesionales, representantes de los trabajadores, usuarios, familiares y de expertos independientes, a la comisión de evaluación del Plan de Salud Mental de Canarias para que realmente se considere su seguimiento como participativo, y a la mayor brevedad posible se hagan públicos los informes evaluativos del Plan de Salud Mental de Canarias.

En relación al plan de prevención del suicidio, más allá de su despliegue propagandístico, se desconoce su asignación y distribución económica. Se hace necesario un sistema de vigilancia que permita ser más rápidos y precisos para monitorizar el fenómeno y conocer los métodos, lugares y población de riesgo, sobre los que también se debería actuar. La vigilancia actual es limitada y el retraso en la disponibilidad de los datos impide sistematizar actuaciones precoces con inmediatez. 

Incremento de la inversión para mejorar la atención en Salud Mental

Incremento de las plazas de especialistas: el Ministerio de Sanidad, en la convocatoria de plazas de MIR, EIR y PIR no ha generado un incremento significativo de plazas en relación al año 2020. Estas son las incoherencias de la administración pública cuándo, a bombo y platillo aprueba una Estrategia de Salud Mental que no se corresponde con su toma de decisiones reales. Consolidación y permanencia en el empleo. Garantizar la estabilidad de los profesionales, la promoción de su carrera profesional y la transparencia en la designación de responsabilidades de acuerdo a criterios objetivos. Esto contribuiría a evitar la pérdida de capital humano, formado en las islas.

Corrección de los déficits de recursos humanos, materiales y en infraestructuras en todos los niveles de la atención de Salud Mental, en todas las categorías profesionales y en cada una de las islas, lo que mejoraría las condiciones laborales y la calidad de la atención mediante la adecuación de los ratios a la población asistida (La media europea de profesionales de salud mental es de 38 cada 100.000 habitantes, y del estado español 9, dato que podríamos extrapolar a casi todas las especialidades). Actualmente no se garantizan una cobertura equitativa a toda la población. 

Que las plantillas de los Servicios de Salud Mental estén conformadas por las diferentes categorías profesionales con sus especialidades reconocidas. Todavía se envía personal de enfermería no especializado a los servicios de hospitalización psiquiátrica y en el ámbito del SCS no se han creado plazas de la especialidad. 

La mejora de las infraestructuras públicas obsoletas de los equipos comunitarios de Salud Mental y los centros de Rehabilitación Psicosocial para dignificar el trabajo clínico, así como, de algunos Servicios de Urgencia Hospitalarios con la dotación de personal específico especializado. Evitar la burocratización de los servicios fortaleciendo la presencia de personal administrativo y simplificación de los procedimientos. Los espacios son esenciales para el trabajo de grupos, y como lugar abierto de encuentro y participación comunitaria.

Garantizar espacios de formación estables que recojan la variedad de disciplinas y visiones del campo de la Salud Mental de acuerdo a la mejora de la calidad asistencial, el respeto a los derechos, a la ciencia basada en pruebas, a la experiencia del saber acumulado y los valores. La industria no formará parte ni figurará en los planes de formación institucionales.

Incorporar a los usuarios de los servicios y sus familiares en la evaluación de los servicios, lo que sirve para construir una memoria colectiva, una guía de orientación compartida, y señalamiento de las debilidades y fortalezas. (Continuará).

 

Cati Darías Delgado

Secretaria de la Fed. de Salud de INTERSINDICAL CANARIA

 

 

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