Acuerdo político electoral entre Reunir Canarias e Iniciativa Popular Canaria (IPK)-Tagoror Secundino Delgado

Ambas formaciones compartimos la visión de que la realidad política de nuestro archipiélago requiere la construcción decidida y plural de una alternativa transformadora real, una alternativa que pasa necesariamente por aunar todos los movimientos sociales y fuerzas políticas que crean en la necesidad imperiosa de un cambio significativo en las políticas y en el modo de hacerlas en nuestra tierra.

Ambas formaciones entendemos que la unidad no es uniformidad, que la diversidad es una fortaleza y que la conservación de la identidad propia y abierta es importante para lograr un debate sano y constructivo.

Por todo ello, ambas formaciones decidimos iniciar un proceso de diálogo y acuerdo sobre políticas, propuestas y alternativas en torno a lo que nos une y un respetuoso disenso en torno a aquello que no compartimos, reconociendo a cada actor, desde su propio espacio, la libertad y el derecho a defenderlo.

Líneas prográmaticas transversales

El proyecto común se basa en cuatro pilares fundamentales transversales a toda la acción política, para que pongan el sentido común, la generosidad y la lealtad entre participantes en el proyecto como ejes de convergencia, y el bien común como objetivo general. Estos cuatro pilares son:

(I) Un planteamiento ecosoberanista partiendo de la protección del territorio y la biodiversidad como uno de los ejes de acción reconociendo a la Autonomía Plena y su desarrollo como la mejor herramienta para lograr los objetivos planteados para Canarias.

(II) La defensa, la protección y el efectivo ejercicio de los derechos reconocidos en

• La Carta Internacional de los Derechos Humanos, integrada por:
• La Declaración Universal de los Derechos Humanos,
• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y
• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

(III) Trabajar social, política e institucionalmente desde el feminismo y para erradicar la  violencia institucional.

(IV) El acercamiento de las instituciones a la ciudadanía trasladando los problemas reales de las personas, haciendo de la participación ciudadana libre y abierta una obligación institucional.

Propuestas de líneas programáticas concretas

Autonomía Legislativa Plena para ejercer nuestros derechos alejada del reformismo neo- estatutario y del mercadeo competencial y con la construcción de un marco jurídico-político que lo posibilite.

• Soberanía energética

Defender, incentivar y dotar la investigación, el desarrollo y la innovación en el Archipiélago.

Fomentar la generación de energías limpias apostando por infraestructuras respetuosas con el medio ambiente y que cuenten con legitimidad social, haciendo hincapié en el desarrollo de fuentes de abastecimiento solares, mareomotrices, eólicas y geotérmicas. Apostar por las Políticas de Residuos Cero.

• Soberanía alimentaria

Para conseguir nuestra soberanía agroalimentaria como una estrategia más de supervivencia, trabajo, preservación del medio rural, cultura y la menor dependencia del exterior y recuperación de la capacidad productiva agrícola basada en la producción ecológica.

Por nuevos mecanismos que supongan una mayor incentivación a la producción propia y de protección a los productos locales. Apostando por un modelo socioeconómico alternativo para Canarias basado en la distribución de la riqueza social y en la economía circular.

Promover el cambio del modelo productivo, priorizando el peso del sector primario que   permita alcanzar cotas suficientes de soberanía alimentaria.

Apostamos por un modelo de turismo sostenible, por el tratamiento integral del ciclo del agua y trabajaremos por la titularidad pública de los recursos naturales canarios.

• Defensa del territorio y economía circular

Defensa de nuestro territorio y de nuestra biodiversidad luchando contra todos aquellos proyectos que amenacen nuestra tierra, redefiniendo la sostenibilidad con un modelo socioeconómico alternativo en el abordaje de la movilidad, agua (de abasto, de uso agrícola, tratadas, depuradas, usos diversos y erradicación de vertidos al mar), industria y turismo, con la recuperación del territorio como eje principal, ampliando el ámbito competencial canario a los espacios marítimos territoriales y jurisdiccionales generados por nuestras Islas, que deben ser  también de titularidad canaria en base a nuestra demanda de Autonomía Legislativa Plena, para poder acceder a un régimen archipelágico que incluya nuestras aguas archipelágicas.

Garantizar la conectividad territorial en Canarias defendiendo modelos de movilidad sostenible y de gestión pública.

• Marco de relaciones laborales canario

Reforzar la negociación colectiva y el diálogo entre los agentes sociales canarios.

Respeto activo de los acuerdos internacionales que establecen que el trabajo no es una mercancía. Trabajamos para crear empleo que garantice estabilidad, igualdad de oportunidades y condiciones de vida digna para todas las personas que trabajan en Canarias.

• Estatuto de neutralidad

Para poder desmilitarizar a Canarias, en aras a conseguir un Estatuto Internacional de Neutralidad para nuestra tierra como Plataforma de Paz, respetando la voluntad mayoritaria del pueblo canario contra la integración en la OTAN expresada en el referéndum del 12.03.1986.

Canarias ha estado y sigue estando sometida directa o indirectamente a todo tipo de maniobras de la OTAN y a todas las tensiones que se están produciendo en el enfrentamiento de las potencias con los grupos locales por el control de las riquezas naturales.

Canarias está considerada por su situación geoestratégica como una base logística por su proximidad al continente africano, convirtiendo las islas en campos de entrenamiento y lanzadera para las guerras. Desarrollaremos una política de cooperación internacional tricontinental solidaria y de las migraciones.

• Vecindad civil canaria

Propuesta abierta a todos los actores políticos sobre la adquisición por parte de las Instituciones canarias de las herramientas legislativas necesarias para afrontar los retos poblacionales, residenciales y ecológicos del archipiélago.

Poner en marcha un riguroso análisis de las posibilidades de profundización en la autonomía legislativa canaria y de la recuperación de una Vecindad Civil Canaria que,  de acuerdo al acervo histórico, permita a las instituciones canarias abordar desde la plena autonomía los problemas poblacionales y de recursos naturales en función de las circunstancias espacio temporales concretas de cada lugar, incluyendo la gestión del suelo, la ordenación del territorio, la inversión extranjera en vivienda, los derechos de residencia y las prioridades en la gestión de los recursos escasos desde la cohesión social, la no discriminación de las personas y el respeto a la legalidad.

En términos históricos y políticos es necesario y urgente hacer una recopilación académica, histórica y funcional de la enorme cantidad de legislación histórica y especial respecto al Régimen Común estatal que se han ido otorgando a lo largo de los siglos de relación entre las Islas Canarias y las diferentes soberanías españolas, a diferentes entidades de Canarias y a Canarias en su    conjunto desde la conquista y la Carta de Calatayud de 1481 que marca la incorporación pactada de Canarias a la Corona de Castilla. Esta sistematización orientada a la autonomía desde los derechos históricos y desde el reconocimiento de la especialidad de la legislación civil canaria debiera haberse llevado a cabo en 1978 para aprovechar todas las posibilidades del Título VIII de la Constitución, pero, como siempre, faltó voluntad política y sobró dependencia de los partidos de Madrid.

Pero los derechos no se extinguen por el hecho de no ejercerse, simplemente se olvidan. Hoy en día se nos muestran con claridad los resultados de no haber ejercido nuestros derechos en nuestra incapacidad para resolver los problemas que amenazan nuestra propia subsistencia material.

Es el momento de un gran pacto entre todas las formaciones políticas, la academia canaria, los colectivos y movimientos sociales y la sociedad civil para recuperar nuestro derecho a legislar las relaciones privadas en Canarias:

• Necesitamos que este Gobierno, o en su defecto, el nuevo Gobierno Canario salido de las urnas en mayo, solicite al Gobierno español de forma inmediata la desaparición del Visado de Residencia para Inversores y Emprendedores de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Europea o, en su caso, su inaplicación en el Archipiélago Canario.
• Que este Parlamento, o en su defecto, el nuevo Parlamento Canario salido de las urnas en mayo, impulse una modificación estatutaria que recupere la Vecindad Civil Canaria de acuerdo con el vigente Código Civil y, eventualmente, a la Primera Disposición Adicional de la Constitución.
• Que el nuevo Parlamento Canario salido de las urnas en mayo discuta y apruebe una Ley de Residencia Canaria y una política de vivienda que ponga por delante la vida de los canarios y canarias y el futuro de nuestras Islas por delante de los intereses cortoplacistas de inversores.

• Priorización de la inversión en servicios públicos de calidad

Para poder tener servicios públicos de calidad como garantes de la igualdad y cohesión social y tipificar de interés general para Canarias, los servicios esenciales a la población, con una sanidad pública, gratuita y universal. Servicios de protección social y atención a la ciudadanía que garanticen el derecho a una enseñanza pública de calidad. Sistemas de protección social y atención a la ciudadanía que garanticen el bienestar de las personas más vulnerables y desfavorecidas, con atención especial a la Dependencia, satisfaciendo sus necesidades básicas sobre el principio de la universalidad de derechos y la igualdad de acceso.

Trabajamos por la Justicia Social y por el Reparto de la Riqueza (implantación de una verdadera Renta Básica Universal) para garantizar que ninguna persona en las Islas carezca de alimentos de primera necesidad, el acceso a una vivienda digna y a los suministros básicos. Por unos servicios sociales de calidad, suficientes y de gestión pública directa.

Hacemos una apuesta real y efectiva por la Sanidad Pública Canaria, dotándola de los recursos necesarios para que se cumpla el derecho a la salud y escuchando las demandas de sus profesionales ignoradas durante años.

Defendemos la Educación Pública del Archipiélago y la dotación de los medios y recursos personales y materiales necesarios que la dignifiquen.