La denominada ley turística de las islas verdes abre la puerta al expolio territorial en las denominadas islas verdes de Canarias (La Palma, La Gomera y El Hierro). Con esta ley, se pretende permitir la ejecución de una serie de infraestructuras, vinculadas al equipamiento y el ocio turísticos, que actualmente se encuentran paralizadas (especialmente los dañinos campos de golf). Se trata de infraestructuras que solo aportan beneficios a una minoría empresarial privilegiada, sin mayores beneficios sociales y laborales para los palmeros, gomeros y herreños. Detrás de la ley de las islas verdes no hay trabajo y desarrollo, solo saqueo y desposesión territorial.
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